Un Tribunal Unitario inició los trámites para que los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes permanecen desaparecidos desde 2014, integren la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala.
Arturo Morales Serrano, magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Matamoros, Tamaulipas, informó que también dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado el 21 de agosto de 2015 contra siete presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, acusados del secuestro y homicidio de los estudiantes de Ayotzinapa, y quienes obtuvieron un amparo para que se les repusiera el proceso.
El magistrado (Arturo Morales) del Segundo Tribunal Unitario de Matamoros, informa, que dejó insubsistente la resolución de 21 de agosto de 2015, y que dio cumplimiento de inmediato en cuanto que ordenó al juez de la causa que notifique a los representantes de las víctimas (de los normalistas) para que integren la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala”.
Acepta tribunal emitir resolución aclaratoria sobre Caso Iguala
El acuerdo fue publicado este miércoles por el Tercer Tribunal Unitario, bajo los números de expediente que corresponden a los juicios de Salvador Reza Jacobo, El Wereke, (121/2015); Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, (160/2015); Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y de Gildardo López Astudillo, El Gil, (48/2016).
Los cuatro mencionados y tres personas más, de los que no se ha revelado su identidad, fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber levantado, secuestrado, asesinado y calcinado a los 43 estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, delitos que se cometieron en los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero.
En 2015, el entonces titular de PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” es que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
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La investigación de la PGR menciona que El Gil presuntamente ordenó la ejecución e incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, tras la orden que recibió del jefe de la organización delictiva, Sidronio Casarrubias Salgado. Los jóvenes fueron confundidos con integrantes del grupo criminal Los Rojos.
El 21 de junio del presente año, la PGR interpuso un incidente de imposibilidad real, jurídica y material, para cumplir con el mandato del Tribunal Colegiado que ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, comisión que debe estar conformada por los representantes de las víctimas (familiares de los estudiantes desaparecidos), la CNDH y el Ministerio Público de la Federación.
El fallo enfatiza que los miembros de la comisión “tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”.
Con información de Milenio
mlmt