Los asesinatos en el último mes de tres presidentes municipales, Stalin Sánchez González, de Paracho, Michoacán; Manuel Hernández de Huitzilan, Puebla, y Crispín Gutiérrez de Ixtlahuacán, Colima, revelan que la violencia en contra de alcaldes se recrudece sin que las autoridades de otros órdenes de gobierno hagan algo al respecto. En los últimos 11 años han sido asesinados 105 alcaldes y exalcaldes en todo el país.
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De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), 48 alcaldes en funciones, ocho electos y 49 exalcaldes han sido asesinados entre 2006 y octubre de 2017, de los cuales 16 casos se registraron en lo que va de este año.
El mismo diagnostico señala que los estados más peligrosos para los ediles son Oaxaca, donde se registraron 25 homicidios de alcaldes o exalcaldes, Michoacán con 17 casos, Guerrero con 12 y Veracruz con nueve asesinatos.
Asimismo, en una segunda escala de riesgo se enlistan Tamaulipas, Durango, Puebla y Estado de México con seis homicidios de ediles registrados en los últimos 11 años; al igual que Chihuahua donde se registraron cinco casos más.
Pese a que en el país existen diagnósticos que permiten conocer cuáles son los estados más peligrosos para los presidentes municipales -muchos de los cuales se encuentran bajo la amenaza del crimen organizado-, no existen protocolos de protección que les permiten desempeñar sus funciones sin el temor de ser asesinados por grupos criminales.
Por partido político
El reporte de la ANAC revela que en estos 11 años, los alcaldes emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido los más vulnerables a los embates del crimen, al sumar 47 homicidios de ediles electos, en funciones y expresidentes municipales.
En segundo lugar se ubica el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que 26 munícipes han sido abatidos por la delincuencia, en tanto que el Partido Acción Nacional (PAN) contabiliza 14 víctimas mortales.
Segob, omisa
Renán Barrera Concha, expresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y actual Coordinador Nacional de Alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), denuncia la omisión del gobierno federal, particularmente de la Secretaria de Gobernación (Segob), que no ha emitido mecanismos de protección para presidentes municipales pese a que muchos se encuentran bajo la amenaza del crimen organizado.
En entrevista con La Silla Rota, el también expresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México alertó que México es el país donde se ha registrado el mayor número de asesinatos contra ediles en todo el continente americano; sin embargo acusó, la dependencia que dirige Miguel Ángel Osorio Chong no ha implementado acciones para garantizar que la autoridad más cercana a la ciudadanía pueda desempeñar sus funciones sin arriesgar la vida.
No se ha atendido pese a ser un tema que no sólo se ha mantenido sino que ha incrementado. Este es un llamado de atención a la autoridad de todos los niveles para poder aprobar un protocolo de seguridad que vincule directamente a los alcaldes con un área de la Secretaría de Gobernación porque al final de cuentas la seguridad pública se encuentra rezagada ante el crimen organizado (…) no quisiéramos que las estadísticas de asesinatos de alcaldes crezcan en consecuencia de una falta de atención”, advirtió.
Renán Barrera recordó que en 2014, cuando presidía la ANAC, se entregó al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, una propuesta de protocolo para la seguridad y protección de alcaldes que debía focalizarse principalmente en zonas de riesgo con peligro inminente para la integridad de alcaldes. Sin embargo, aunque el encargado de la política interna asumió el compromiso de atender el tema, han pasado tres años sin que se hayan instrumentado acciones especiales.
Personalmente se lo entregué al secretario de Gobernación, un protocolo que además incluye un informe con indicadores, con zonas de riesgos de mayor a menor peligrosidad, alertamos sobre la estadística de asesinatos de los alcaldes por estados, por partidos y si me parece que no fue tomado en cuenta, quedó solo en la buena voluntad de analizarlo”, reprochó.
El también exalcalde de Mérida, Yucatán, insistió en que “no existe un mecanismo que pueda garantizar la seguridad a los alcaldes que tienen como responsabilidad salvaguardar la integridad de sus ciudadanos”. En ese sentido cuestionó: “¿Qué podemos esperar los ciudadanos si ni ellos mismos tienen la seguridad garantizada?”.