La organización no gubernamental Transparencia Mexicana informó que hasta el 5 de mayo se registró la existencia de 20 plataformas habilitadas en el país para que candidatos y candidatas a un cargo de elección popular presenten y publiquen su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Además, difundió información sobre los estados de la República en los que no se han registrado herramientas que les permitan a los ciudadanos conocer el estatus financiero de los candidatos previo a las elecciones del 6 de junio.
Algunos de los estados en los que no es posible encontrar plataformas de declaraciones 3de3 de los candidatos son Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
En algunos otros estados como Nayarit y Baja California Sur, las plataformas de transparencia se encuentran en desarrollo por lo que se espera que en los próximos días sean habilitadas.
En el resto de estados en los que habrá elecciones, las plataformas están listas y habilitadas para que los ciudadanos conozcan el estatus financiero y de intereses que tienen los candidatos incluidos aquellos que buscan ser elegidos como diputados federales.
De acuerdo con la propia plataforma de los diputados federales, la iniciativa para que todos y todas las candidatas presenten sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, permite que haya un ejercicio eficiente de rendición de cuentas.
El objetivo es facilitar el monitoreo de situaciones que pudieran llegar a constituir actos de corrupción.
Las declaraciones 3de3 se presentan desde el inicio hasta el final del encargo público que el funcionario o funcionaria cumple.
En el caso de la declaración patrimonial, permite conocer las propiedades que el funcionario posee, así como las de su familia con el objetivo de detectar algún tipo de enriquecimiento o del aumento irregular en el patrimonio del funcionario electo o de sus familiares.
En el caso de la declaración de intereses, el objetivo es que la ciudadanía esté enterada de los posibles conflictos de intereses que los elegidos en las votaciones podrían tener durante su gestión.
Finalmente, la declaración fiscal corrobora que quien aspira a un cargo público ha contribuido a los recursos públicos que habrá de manejar como persona funcionaria en caso de ser electa.