El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, donde 62.8 por ciento de habitantes viven con un grado de marginación, moderado o extremo –con base en la medición de pobreza multidimensional que Coneval hizo en 2015– no ejerció 11 millones 488 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura (FORTALECE), el cual tiene como finalidad generar obras de pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, así como espacios educativos.
En el ejercicio de los recursos, que corresponden a 2017, el ayuntamiento, a cargo del alcalde Raúl Badillo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencias, destino, y aplicación del dinero en obras públicas, por lo que posiblemente trasgredió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la de Obras Públicas, y el Presupuesto de Egresos, por lo cual generó un subejercicio que observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la inspección financiera 979-DS-GF.
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Este informe también refiere que Huejutla no administró los recursos del FORTALECE 2017 en una cuenta bancaria específica, ya que dispuso de cuatro, las cuales fueron productivas y generaron rendimientos financieros por 27 mil 500 pesos, de los cuales la ASF demanda comprobación o reintegro.
Por lo tanto, emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del municipio realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no administraron los recursos.
Aunque no monetarias, el ayuntamiento de Pachuca recibió tres observaciones que generaron una Recomendación y dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORSATEG) que recibió el año anterior.
Una de ellas, por la cual el órgano federal pidió indagar y, en su caso, proceder contra funcionarios posiblemente omisos, es por la exención de una Licitación Pública al otorgar el contrato MPS-SA-ADF-02-17, que corresponde al proyecto “Jóvenes en Prevención”, mismo que tuvo un importe de un millón 576 mil 400 pesos.
Según la Auditoría 986-GB-GF, la capital, gobernada por Yolanda Tellería Beltrán, no comprobó que licitar comprometiera o vulnerara la seguridad pública nacional, lo cual argumentó para no someter a concurso el gasto.
mvf