En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que las normativas que no van a cumplir son respecto al medio ambiente, recursos naturales y gestión de tierras.
A pesar de las licencias, el gobierno de Donald Trump sostiene que se mantiene “comprometida” con la protección ambiental “en la medida de lo posible”, pero que la “urgencia” por la “seguridad nacional” justifica la decisión.
“La Secretaría de Seguridad Nacional ha determinado (…) que es necesario no aplicar ciertas leyes, regulaciones y otros requerimientos legales para asegurar la construcción expedita de barreras y carreteras en las inmediaciones de la tierra fronteriza internacional de los Estados Unidos cerca de la ciudad de San Diego”, puntualizó.
La licencia aplicará para una zona cercana a la frontera de 24 kilómetros de largo, que se extiende hacia el este desde el océano Pacífico.
El Departamento de Seguridad Nacional también confirmó el reemplazo de las secciones de valla que ya se encuentran en la zona.
Las licencias evitarán que el DHS cumpla con el requisito legal de entregar un estudio de impacto ambiental antes de construir en tierras públicas.
Activistas ambientales criticaron la decisión: “Si la administración Trump no puede reconciliar su xenófobo muro fronterizo con docenas de salvaguardas ambientales orientadas a proteger nuestras comunidades, esa es otra razón para que el Congreso niegue los fondos e impida que la construcción siga adelante”, dijo la organización ecologista Liga de Votantes para la Conservación en un comunicado.
No es la primera vez que se usan licencias especiales en Estados Unidos: George W. Bush utilizó cinco veces la misma fórmula entre 2005 y 2008 en su proyecto para construir una valla en más de mil kilómetros de frontera.
La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada la asignación casi mil 600 millones de dólares para el inicio del proyecto. Sin embargo, el monto debe ser aprobado por el Senado.
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