El gobierno de Texas demandó a la ciudad de Austin, junto con sus funcionarios electos y al alguacil del condado para que hagan cumplir la prohibición a nivel estatal de las Ciudades Santuario, horas después de que el Gobernador republicano Greg Abbott convirtiera el proyecto en ley.
La demanda es una medida contra grupos de defensa que se han comprometido a emprender acciones legales en contra de la campaña del estado para penalizar a las ciudades que dan refugio seguro a los inmigrantes indocumentados.
"Los funcionarios electos y las agencias de aplicación de la ley no pueden escoger qué leyes obedecen", dijo el Gobernador de Texas en un post de Facebook Live anoche, cuando firmó el proyecto en ley.
"Los ciudadanos esperan que los funcionarios hagan valer la ley, y los ciudadanos se merecen que los infractores de la ley se enfrenten a consecuencias legales", aseguró.
Los legisladores de Texas aprobaron la medida contra las ciudades santuario, después de que un juez federal bloqueara la implementación de la orden ejecutiva del Presidente de EU, Donald Trump que consistía en quitar fondos federales a las ciudades que no cumplan plenamente con las demandas del Gobierno sobre los inmigrantes, que podrían ser deportados incluso por delitos menores.
La ley de Texas va más allá de lo que hizo Trump al convertir en un delito, que los alguaciles y jefes de Policía no cooperen plenamente con los funcionarios de inmigración y amenaza a los oficiales con pena de prisión, impone a los municipios fuertes multas y retira de su cargo a los funcionarios que no cooperen.
De igual manera la ley se aplica a la Policía de las universidades públicas de Texas.
Mientras tanto, los opositores de la ley afirman que sujetaría a los ciudadanos de origen hispano a discriminación racial, "Al orillar a la gente a esconderse, la nueva ley hará más difícil atrapar criminales. Pero este proyecto de ley nunca ha sido para mantener a nuestras ciudades seguras", dijo el alcalde de Austin, Steve Adler, en un comunicado.
Con información de Reforma