El Tribunal Supremo de EU determinó este lunes que los transexuales, como cualquier otro ciudadano, tienen derecho a no ser discriminados en su entorno laboral, en lo que supone su fallo más importante a favor de la comunidad LGTBIQ desde la legalización del matrimonio igualitario en 2015.
Esta victoria, además, es significativa porque la mayoría de los jueces del alto tribunal fueron nombrados por presidentes republicanos y suelen ser más conservadores socialmente.
En este caso, seis de los nueve magistrados se posicionaron a favor de la comunidad LGTBIQ y el juez Neil Gorsuch, nombrado por el presidente de EU, Donald Trump, en 2017, fue quien escribió el fallo.
En concreto, el Tribunal Supremo determinó que el colectivo de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y queers (LGTBIQ) está protegido de discriminación por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que ya prohibía la discriminación basada en el género, pero que hasta ahora no cobijaba a los transexuales.
Actualmente, una veintena de los 50 estados del país, además de la capital estadounidense, tienen leyes para proteger a los transexuales; pero hasta ahora la discriminación contra ese colectivo seguía siendo en teoría legal en el resto del país.
Una de las personas que forzó al Tribunal Supremo a pronunciarse fue Aimee Stephens, que en 2013 fue despedida de la funeraria de Michigan que dirigía después de comunicar a sus superiores que iba a iniciar el proceso de transición para dejar de ser fisiológicamente un hombre y convertirse en mujer.
Stephens murió en mayo, por lo que su viuda, Donna, fue la que recibió hoy el resultado del litigio.
El Tribunal Supremo también se posicionó en otros dos casos: el de Gerald Bostock, quien fue despedido después de que se uniera a una liga de softball que simpatizaba con las personas LGTBIQ, y Donald Zarda, que fue obligado a dejar su puesto de instructor de paracaidismo tras revelar que era gay.
Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha erosionado los derechos del colectivo LGTBIQ, en un intento por mantener el apoyo de su base de la derecha cristiana.
California vence a Trump por leyes "santuario"
La Corte Suprema de EU además asestó este lunes un duro golpe al Gobierno del presidente Donald Trump en su batalla con los estados y ciudades considerados "santuario" al dejar vigentes las normas en California que prohíben a la policía ayudar a las autoridades de Inmigración a detener indocumentados.
La decisión de este lunes echa por tierra la intención del mandatario de atacar a las jurisdicciones como el Estado Dorado que no permiten a sus autoridades locales colaborar en materia migratoria, dejando los arrestos y detenciones de inmigrantes en una exclusiva competencia federal.
El rechazo del Máximo Tribunal llega en un momento crucial de la historia del país cuando se trata de mejorar la relación de la policía con las minorías, resaltó el fiscal general de California, Xavier Becerra, tras conocer la decisión.
"En California, hemos visto el éxito que viene de generar confianza entre las fuerzas del orden y nuestras comunidades inmigrantes que trabajan duro", dijo en un comunicado el procurador.
"Lo último que debemos hacer es erosionar esa confianza. Hoy, Estados Unidos está experimentando el dolor y las protestas que se producen cuando se rompe esa confianza", añadió al referirse al movimiento originado tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Becerra, quién encabezó la batalla legal en 2018 contra el Gobierno Trump y el entonces fiscal general del país, Jeff Sessions, que viajó exclusivamente a California para entablar la demanda, señaló que con las leyes "santuario" se está "protegiendo el derecho de los californianos a decidir cómo hacemos la seguridad pública en nuestro estado".
En concreto, la demanda del Gobierno se dirigía contra la ley SB 54, conocida como la “Ley de Valores" que el estado aprobó en 2017 para proteger a los inmigrantes y que a juicio del Ejecutivo federal violaba la Constitución porque trataba de prevalecer sobre la legislación federal.
El procurador general Noel Francisco, que representó al Gobierno Trump, argumentó que es el Gobierno federal, y no California, el que tiene el derecho "de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y expulsados” del país.
Sin embargo, el fallo del Supremo de este lunes se basó en una decisión escrita por el fallecido juez Antonin Scalia, que resalta que los funcionarios estatales y locales no están obligados a llevar a cabo la aplicación federal.