"Si el Gobierno Español persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia", sentenció el presidente catalán, Carles Puigdemont.
En una carta dirigida al presidente de España, Mariano Rajoy, Puigdemont responde al llamado del mandatario español de dar marcha atrás a la independencia de Cataluña.
Rajoy también le pidió a Carles Puigdemont que aclarara si declaró o no la independencia ante el Congreso de España, pues su discurso no quedó del todo claro.
Al respecto, el presidente catalán señaló que si dejó "en suspenso" los efectos de la declaración de independencia fue para propiciar el diálogo.
Puigdemont lamentó que la represión por parte del gobierno de Rajoy siga con el arresto de dirigentes catalanes independistas.
Anteriormente, Rajoy aseguró que pedirá al Senado que se aplique el artículo 155 constitucional.
El artículo 155 de la Constitución Española consta de dos párrafos, y precisa que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, el gobierno lo podrá aplicar.
El segundo párrafo establece que “para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.
El Senado recibirá la petición del ejecutivo y su Mesa Directiva trasladará el asunto a la Comisión de Comunidades Autónomas, que requerirá alegaciones a Puigdemont, quien tendrá unos días para responder antes de que la cámara celebre el pleno en que se voten las medidas.
Con este procedimiento la aplicación del artículo 155 podría estar autorizada a finales de octubre, con la mayoría absoluta del gobernante Partido Popular (PP) en esa cámara, más el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos.
Desde su redacción en 1978 el artículo 155 nunca antes se ha aplicado y no cuenta con una Ley Orgánica que regule las medidas que se pueden adoptar, por lo que la aprobación del Senado generará los primeros contenidos legislativos dedicada a esta materia.
El único antecedente de requerimiento similar se hizo en 1989, cuando el gobierno de Felipe González pidió al de Islas Canarias una aclaración en materia tributaria, que tras ser respondido de forma satisfactoria no hizo falta solicitar la aplicación de artículo.
La medida no implica la suspensión de la autonomía, pero sí la intervención parcial o total por parte del gobierno español, lo que se conocerá una vez presentadas las medidas el sábado por el Consejo de Ministros.
Con información de Notimex y AFP