TUCSON.- La detención de una persona por razones migratorias en Estados Unidos le cuesta a su familia una cifra promedio superior a los 24,000 dólares, incluyendo sueldos no devengados, la pérdida de bienes materiales y la contratación de un abogado.
Esto de acuerdo a un nuevo estudio dado a conocer este miércoles por investigadores del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona y titulado "La red de captura de inmigrantes y el saqueo de recursos económicos de familias, hogares y comunidades en Estados Unidos".
El informe señala que en este tipo de casos los costos económicos se empiezan a acumular rápidamente para las familias afectadas.
Y hay costos directos, como los recursos económicos que se utilizan para pagar por ejemplo una fianza y los servicios de un abogado de inmigración, e indirectos, que serían la pérdida del salario que recibía el migrante y cualquier oportunidad de ganar dinero mientras dura su detención.
Geoffrey Boyce, investigador del programa de estudios de la frontera del Instituto Binacional de Migración, y uno de los autores de la investigación, explicó en conferencia de prensa que, en promedio, los costos directos por familia son de unos 9,228 dólares y los indirectos ascienden a 14,956.
Estas cifras están basadas en entrevistas hechas entre enero del 2017 y junio del 2018 en Arizona a 125 familias en las que al menos uno de sus miembros había sufrido un arresto por razones migratorias después de vivir un año o más en Estados Unidos.
El estudio resalta que 80 % de las familias estaban integradas tanto por inmigrantes sin estatus migratorio como por ciudadanos estadounidenses y residentes legales en el país.
El ingreso promedio anual familiar de los participantes fue de 22,000 dólares, lo que, de acuerdo al estudio, demuestra que un arresto por razones migratorias supone perder lo que estas unidades reciben a lo largo de doce meses de trabajo.
A estas complicaciones hay que sumar que 47% de las familias entrevistadas aseguró haber vivido más de un arresto migratorio en los últimos años.
Y que los costos del arresto son asumidos únicamente por la familia, por lo que para afrontarlos se ven obligados a liquidar parte de su patrimonio, ya sea monetario o material.
En los casos más dramáticos, 9.5% de los encuestados reportó haber perdido su hogar o haber recibido una orden de desalojo.
Estas situaciones también tienen un alto costo para los menores de edad, pues 34% de las familias indicó que se redujo el desempeño educativo y su capacidad de obtener un título de los estudiantes.
Una detención de este tipo provoca además que empeoren las enfermedades crónicas que sufren determinados miembros de la familia o se vean incapaces de acceder al tratamiento médico necesario.
Otros impactos a la familia incluyen la separación familiar a largo plazo, el divorcio y la perdida de custodia de un hijo o hija, apunta el reporte.
JGM