La Ley Integral para Personas Trans (travestis, transexuales y transgénero), iniciativa que se discute actualmente en Uruguay, se ha visto frenada en el Parlamento luego de que iglesias evangélicas orquestaran una campaña en la que hicieron llegar una petición con 40 mil firmas (la población del país es de 3.4 habitantes), acusan asociaciones simpatizantes del colectivo trans.
Mientras tanto, el objetivo de la ley es “asegurar el derecho de las personas trans de todas las edades, de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, origen nacional, creencias, orígenes culturales y étnico-raciales o situación de discapacidad, a una vida libre de discriminación y estigmatización”.
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Igualmente propone medidas positivas como el acceso a becas y puestos de trabajo estatales, además de contemplar que el cambio de sexo se pueda hacer en condiciones de sanidad pública de forma gratuita para facilitar el cambio de identidad.
Estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, Mides, señalan que de la población trans en el país sudamericano cuenta con una esperanza de vida de 35 años (la media nacional es de 77 años); 67,5% tiene o tuvo que prostituirse para generar ingresos; 87,9% no termina la secundaria; 88% es discriminado en ámbitos educativos; 25% tiene que abandonar su hogar antes de los 18 años porque sus familias no los aceptan y; 18% no asiste a un centro de salud cuando lo necesitan por miedo a ser discriminados.