WASHINGTON.- Varias organizaciones cívicas presentaron este miércoles ante el Tribunal Supremo de EU una demanda para que ordene detener la construcción del muro fronterizo con México prometido por el presidente, Donald Trump.
Los grupos promotores de la demanda son la organización ecologista Sierra Club, la Unión de Libertades Cívicas (UCLU) y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur. En su demanda, los grupos instan al Supremo a revocar una decisión anterior que permitió a la Administración de Trump transferir 2,500 millones de dólares del presupuesto de las Fuerzas Armadas para financiar la valla fronteriza, según Sierra Club.
El fallo había dejado sin efecto las sentencias de otros tribunales inferiores contra el proyecto estrella de Trump, una de sus principales promesas de campaña en las elecciones de 2016.
El Congreso había rechazado explícitamente que esos fondos, que debían destinarse a salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, se desviaran a la construcción del muro, lo que ha permitido al Gobierno de Trump seguir con las obras.
El Supremo "tiene la obligación" de detener el muro fronterizo, dijo en un comunicado Gloria Smith, abogada gerente de Sierra Club.
"La usurpación de fondos militares ha resultado en la construcción de proyectos que causan daños irreparables en tierras tribales sagradas, diezmando hábitat y refugios de la vida silvestre y dejando heridas permanentes en comunidades fronterizas", según la líder ambientalista.
Smith recordó que la Administración Trump ha sido derrotada en todas las cortes inferiores, "pero insiste en seguir construyendo el muro antes de que la Corte Suprema pueda revisar los méritos de este caso" y llegar a un fallo definitivo.
Por su parte, el abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, Dror Ladin, pidió al Supremo detener esta "obsesión" de Trump "antes de que sea demasiado tarde".
Un tribunal federal de apelaciones ya dictaminó el mes pasado que el uso de fondos del Pentágono para financiar el proyecto es ilegal, pese a lo cual las obras han continuado debido a que a finales de junio el alto tribunal desechó otra demanda de grupos ecologistas.
De esa manera, el alto tribunal dio vía libre al uso de los fondos del Pentágono para esa finalidad, pese al fallo en sentido contrario de una corte federal de apelaciones de California.
LA PROMESA DE TRUMP
A principios del año pasado, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur en un esfuerzo por liberar fondos adicionales después de que un proyecto de ley de asignación presupuestaria del Congreso asignó unos 1,300 millones de dólares para seguridad fronteriza, muy por debajo de los casi 5,000 millones que Trump consideraba necesario par completar su obra.
Desde su campaña en las elecciones de 2016 y durante toda su gestión en la Casa Blanca, Trump ha insistido en la construcción de una muralla a lo largo de los 3,200 kilómetros de la frontera de EU con México.
El Departamento de Seguridad Nacional informó el 19 de junio de que los 320 kilómetros de obras realizadas consisten principalmente en el remplazo de estructuras anticuadas o deterioradas y sólo 3.2 kilómetros son del nuevo sistema de muros que se han construido en sitios donde antes no había barreras.
Cámara Baja de EU aprueba proyecto contra el veto migratorio de Trump
La Cámara de Representantes de EU, controlada por la oposición demócrata, aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca revocar el veto migratorio del presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana y espera restringir la capacidad del Ejecutivo para imponer este tipo de medidas.
La iniciativa, presentada por la congresista Judy Chu y denominada Ley Nacional contra la Discriminación basada en el Origen para los No Inmigrantes (NO BAN, en inglés), logró una votación favorable 233-183.
Sin embargo, para convertirse en ley deberá lograr el aval del Senado, dominado por el Partido Republicano, y ser firmada posteriormente por el presidente Trump.
El proyecto propone acabar con el veto actual e impedir que la Administración de Trump introduzca nuevas restricciones sin presentar ninguna justificación y sin consultarlo con el Congreso, además de que plantea prohibir la discriminación religiosa.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron la aprobación de la propuesta e que instaron al Senado a seguir los pasos de la Cámara Baja.