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“Perdí el ojo por salir a manifestarme”: la represión sistemática en Chile

Natalia es una de las 220 lesionadas por impactos directos contra alguno de sus ojos por parte de fuerzas policiales, desde el estallido de las protestas hace más de un mes

Escrito en MUNDO el

El uso indebido de la fuerza contra manifestantes pacíficos en el marco de las protestas -como la registrada apenas este viernes 22 de noviembre- desencadenadas desde el pasado 18 de octubre en Chile, se ha vuelto una constante que cuenta con un macabro distintivo del que se enumeran, al menos, 220 víctimas con impactos directos con proyectiles de gas lacrimógeno contra alguno de sus ojos, mismas que se insertan en los más de mil 400 lesionados con arma de fuego, de 2 mil 300 heridos que registra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) (una suerte de CNDH chilena).

Lo anterior también ha llevado a organizaciones como Amnistía Internacional a sospechar que no se trata de hechos aislados, como el de Natalia Aravena, enfermera de 25 años que reside en Santiago. 

(Foto: Efe)

 

“Perdí la visión y perdí el ojo por salir a manifestarme (...) no salí a hacer barricadas, no salí a quemar cosas, no salí a hacer desmanes, salí solamente a manifestarme, y la forma en que Carabineros me respondió fue con una bomba lacrimógena el el ojo”, cuenta para LA SILLA ROTA.

Diez días después del estallido de las protestas en el país sudamericano, como lo había hecho jornadas previas, Natalia quedó de verse con un amigo para asistir a una manifestación a las afueras del Palacio de La Moneda, residencia del presidente Sebastián Piñera.

“Acá en Chile existe una desigualdad social muy grande, pese a que los indicadores económicos globales muestran que Chile está muy bien económicamente, que es un país en desarrollo”, explica. 

Para muestra, un botón: según el Fondo Monetario Internacional (FMI), le estima un crecimiento económico superior al 2.5% para este año y de 3.0% para 2020, además de ser una de las economías, junto a Colombia y Bolivia y Perú, con los mejores registros en este 2019 y considerarlas las que aminoran el desaceleramiento observado en la región Latinoamérica.

“La realidad es muy distinta”, sentencia Natalia. “La mayoría de los chilenos tienen que acceder a la salud y educación pública, lo que implica que reciben atención de mala calidad, porque acá el sistema público tiene mucho déficit económico: en los hospitales no hay horas médicas, la gente tiene que esperar meses para que los atiendan, meses para que los operen y muchas veces cuando los llaman, la persona ya falleció”.

Así, resalta que pese a que el sueldo mínimo es de 301 mil pesos, las rentas de algún departamento comienzan desde esta cifra, así como una mensualidad en una universidad, además de que las pensiones de los adultos mayores, como mínimo, son de 100 mil pesos “y un poquito más”. Y agrega: “Acá en Chile se vive muy mal”.

Lo que deriva en que gran parte de la sociedad se vea en la necesidad de endeudarse con miras a alcanzar un nivel de vida “más o menos buena”, como el que ella asegura tener gracias a que sus padres pudieron garantizarle una carrera universitaria y seguro médico privado.

“Tengo un sueldo que me permite vivir más o menos bien, lo que no significa que yo sea de la clase alta, porque tampoco vivo con lujos, sólo puedo acceder a algo un poco más digno”, apunta Aravena.

EL MOMENTO DEL IMPACTO

“El 28 de octubre, había marcha frente a la Moneda. A las cinco de la tarde”. Cuenta Natalia a LSR que ella llegó alrededor de las 16:30 horas a la estación de metro Santa Ana -a un kilómetro de distancia del recinto presidencial-, al ser la más cercana que no estuviera cerrada por la manifestación, por lo que caminó para reunirse con su amigo.  

Quince minutos antes de la hora a la que se convocó la marcha “llegué a una intersección de una calle donde había mucha gente manifestándose, estaban con pancartas, estaban gritando, estaban con instrumentos musicales, etcétera; no había personas haciendo desmanes, no estaban lanzando piedras, no estaban atacando carabineros, y en lo que yo iba cruzando a esa intersección, apareció un carro policial lanza agua, que acá le decimos ‘guanaco’, que tira agua mezclada con ingredientes tóxicos que generan quemaduras en la piel, etcétera”, narra. 

En adición, carabineros a pie comenzaron a lanzar bombas de gas lacrimógeno.”Estas bombas ellos deben lanzarlas al aire, y así lo hicieron en primera instancia, pero luego las empezaron a tirar a la altura de la la gente y la gente empezó a correr”. 

Luego de desviarse por una calle más pequeña y alejarse por un par de cuadras, decidió volver la vista para asegurar que los Carabineros ya no la persiguieran.

“En ese momento fue que sentí el disparo y el impacto directo en mi ojo derecho. En ese momento no perdí conciencia, sí quedé aturdida pero tenía el instinto y la adrenalina me ayudó a tratar de salir de ahí, así que traté de seguir avanzando lo más que pude”.

Luego, obtuvo ayuda de un joven técnico en enfermería, quien le brindó atención de primeros auxilios en un local usado como refugio, para posteriormente ser enviada a un hospital del sistema público.

UN MODUS OPERANDI

Al respecto, la ONU solicitó la semana pasada el cese de balines y perdigones en las protestas, no obstante, el Gobierno de Piñera sólo se ha comprometido a "limitar" el uso de estas armas, mientras “insiste en amplificar la dimensión violenta del estallido social”, resalta Amnistía Internacional.

Dicho organismo considera que no se trata de hechos aislados o esporádicos, al contrario, responden a un modus operandi observado en distintos puntos del país, principalmente por parte de Carabineros.

“El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial”, expone AI.

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

CASTIGO A QUIEN TIRÓ DEL GATILLO NO BASTA

Un día después del ataque de los Carabineros padecido por Natalia, el 29 de octubre, ella entró a quirófano para que su córnea y párpado fueran suturados. El día 30 recibió el alta médica. 

Luego de una semana, le fue realizada una ecografía en el ojo, la que reveló que este “no tenía ninguna posibilidad de mantenerse, que había perdido tamaño, que había perdido contenido, la estructura, adentro, estaba totalmente desorganizada y por lo tanto no había posibilidad de que yo pudiera recuperar mi ojo”.

Entonces, se le programó una segunda cirugía para eviscerarlo, “que significa que sacan todo lo de adentro y queda solamente el contorno blanco del ojo, donde se pone un implante que es para hacer relleno y que la cavidad no se vaya hacia adentro, y después se queda cerrado con conjuntiva, que es esta parte rosadita del ojo, que queda cubriendo el implante”, detalla Aravena. 

“Este es un daño con el que voy a tener que vivir el resto de mi vida, y voy a tener que salir adelante y hacer mis cosas normalmente con un solo ojo, porque se ve afectado el eje visual, se ve afectado la profundidad de las cosas, a veces voy a tomar algo y no lo logro agarrar porque no está donde yo creo que está”.

En este sentido, Amnistía Internacional destaca que no bastaría procesar penalmente a los agentes que han herido deliberadamente a los manifestantes “Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”. 

Natalia Aravena reclama que las autoridades argumenten que las fuerzas policiales se han ajustado a los protocolos durante las manifestaciones. 

“Yo no creo que el protocolo de carabineros de chile diga que ellos tienen derecho a sacar los ojos de los manifestantes, que es lo que me pasó a mí”, concluye.



djh