Cuando los paramédicos llegaron a la casa en la ciudad de Palmdale, California, el escenario era aterrador.
Un menor de ocho años estaba tirado en el piso, con el cráneo fracturado, varias costillas rotas, quemaduras y mordidas en diversas partes de la piel e incluso perdigones, un tipo de proyectiles de la munición de escopeta, incrustados en su entrepierna.
Fue declarado con muerte cerebral por los médicos, dos días después falleció oficialmente. El asesinato de Gabriel Fernández había sido lenta, la tortura duró semanas, el culpable era su padrastro, Isauro Aguirre.
Durante el juicio por el asesinato del menor, el sujeto de 37 años, 1.90 de altura y más de 120 kilos, ha confesado los maltratos por los que hacía pasar a Gabriel.
El guardia de seguridad disfrutaba pegando brutalmente al niño, así lo señala la fiscalía, el mismo Aguirre confesó que le pegaba decenas de veces.
La defensa tampoco ha negado la violencia a la que era sometido Gabriel, sólo defienden el hecho de que la muerte fue accidental, para así librar la condena a muerte.
La razón del severo maltrato que Fernández sufrió hasta la muerte: Isauro creía que el menor de ocho años era homosexual.
Aguirre obligaba a Gabriel a dormir dentro de una caja metido en un armario, atado, amordazado y con grilletes en los pies.
También lo obligaba a comer heces de gato y hasta su propio vómito.
La fiscalía detalla que a Gabriel “se le privó de comida, recibió puñetazos y patadas, fue insultado, golpeado, humillado, acosado, le llamaban gay. Le sacaron los dientes a golpes. Pasaba cada noche atado en una caja”.
Todo esto con la complicidad de la madre. Ezquiel, hermano mayor de Gabriel, aseguró que la mujer participaba de las palizas y pegaba al niño con la hebilla de un cinturón.
El caso que ha provocado la indignación en el pequeño poblado estadunidense también ha tocado a las autoridades locales.
Actualmente se investigan la supuesta negligencia de los servicios sociales en el condado.
Cuatro trabajadores son investigados por inacción ante el caso de Gabriel. También los profesores de su escuela, quienes habrían notado las agresiones al menor y no hicieron nada.
Además, dos agentes del sheriff han sido expedientados por no haber hecho nada tras visitar la casa en los meses previos a la muerte de Gabriel.
Se prevé que el padrastro y la madre sean condenados a muerte, en un estado donde hay 700 condenados a muerte esperando su ejecución.
Con información de El País
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