El Congreso de Israel creó una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones en contra del software de vigilancia telefónica Pegasus del Grupo NSO, utilizado para el espionaje de distintos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos alrededor del mundo.
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El jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí informó sobre la creación de la comisión especial. "La comisión de Defensa nombró un grupo de revisión formada por varios partidos", dijo el legislador Ram Ben Barak.
"Cuando terminen su revisión, exigiremos ver los resultados y evaluaremos si es necesario hacer correcciones", añadió el exjefe adjunto de la agencia de espionaje Mossad.
Según reveló un consorcio de varios medios internacionales en días pasados, hasta 50 mil números telefónicos podrían haber sido notificados a NSO por parte de Gobiernos de una decena de países (entre ellos México, Marruecos, Arabia Saudí o Hungría) para su posible espionaje a través del programa Pegasus.
La firma desarrolladora del software, NSO Group, afirmó que "no es una lista de objetivos o potenciales objetivos de Pegasus".
NSO, ABIERTA A LA INVESTIGACIÓN
El director de NSO, Shalev Hulio, declaró a Army Radio que "estaría encantado de que hubiera una investigación, para poder limpiar nuestro nombre". También alegó que había un esfuerzo "para desprestigiar a toda la industria cibernética israelí".
Hulio detalló que la empresa, que exporta servicios a 45 países -con el acuerdo del gobierno israelí-, no podía revelar los detalles de sus contratos por "cuestiones de confidencialidad", afirmando que ofrecería transparencia a cualquier gobierno que los solicitara.
Por su parte, Ben Barak precisó que la prioridad de Israel era "revisar todo este asunto de licencias. Pegasus desenmascaró a muchas células terroristas, pero si se utilizó mal o se vendió a organismos irresponsables, es algo que tenemos que comprobar".
Previamente, NSO Group rechazó la investigación periodística que relaciona su software Pegasus con el espionaje a activistas, periodistas o políticos de varios países, y denunció "una campaña despiadada y calumniosa" en su contra.
AI PIDE A ISRAEL PONER TRABAS A NSO Y PEGASUS
Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes al Gobierno israelí que revoque las licencias de exportación que ha concedido a la compañía NSO Group, debido al riesgo de que su software de espionaje Pegasus pueda ser usado "para cometer violaciones de derechos humanos".
En un comunicado, la organización pro derechos añade que NSO Group, que niega haber facilitado operaciones de cibervigilancia en varios países, "debe cerrar inmediatamente los sistemas de clientes donde haya claros indicios de mal uso".
También le pide que publique un informe de Transparencia en base a los derechos humanos, en el que detalle casos de mal uso de sus productos, países a los que van destinados, contratos, y toda la información necesaria para investigar la conexión con posibles violaciones de derechos.
A nivel general, AI exige "una moratoria inmediata de la exportación, venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia hasta que haya en pie un marco regulador basado en el respeto a los derechos humanos".
"Se necesita urgentemente un control sobre la industria de instrumentos de espionaje a fin de evitar más violaciones. Deben tomarse todas las medidas legales para destapar el verdadero alcance y naturaleza de la complicidad de NSO en los abusos de los derechos", afirmó la secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard.
AI sostiene que "la enorme escala de las violaciones perpetradas mediante cibervigilancia secreta ha evidenciado una crisis global de derechos humanos" y demuestra la pobre regulación que rige al sector.
"NSO es solo una de las empresas. Esta es una industria peligrosa que ha operado en los márgenes de la legalidad durante demasiado tiempo y esto no puede continuar", declaró Callamard.
AI recuerda que los Estados tienen la obligación, al amparo de la legislación sobre derechos humanos internacional, de proteger contra abusos de derechos por parte de terceros, lo que incluye empresas privadas que operan fuera de sus fronteras.
Por su parte, las empresas podrían ser cómplices en esas violaciones si sus productos o negocios las facilitan o si sabían o deberían haber sabido que sus actos propiciarían esos abusos, señala la organización con sede en Londres.
kach