La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy al Gobierno venezolano que no use la Justicia militar para juzgar a civiles, una práctica a la que han sido sometidos casi medio centenar de personas y a la que el Gobierno no parece querer renunciar.
"Urgimos al Gobierno a que inmediatamente deje de usar la Justicia militar para juzgar a civiles, algo que es contrario a la ley internacional de derechos humanos, particularmente con respecto al debido proceso y a la garantías", afirmó Liz Throsell, portavoz de la Oficina en rueda de prensa.
El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, advirtió ayer mismo de que la Justicia militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la Asamblea Constituyente, proceso que tendrá lugar el próximo 30 de julio y a la que se opone la oposición.
Los opositores venezolanos votarán el domingo en un plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, en lo que anuncian como su ofensiva final tras casi cuatro meses de violentas protestas que profundizaron el caos y el conflicto político.
Con un país a media marcha y sobresaltado por casi un centenar de muertes en ese tiempo, la oposición y el gobierno librarán un fuerte pulso a favor y en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa de Maduro que echó leña al fuego.
El gobierno, en plena campaña para la elección el 30 de julio de los 545 asambleístas, promueve la Constituyente como la única salida a la convulsión política y social y al colapso económico del país petrolero.
"Ese día se define el destino de Venezuela. Vamos a la Constituyente para salvar a la patria de la agresión de los fascistas, los imperialistas y los violentos", afirmó el presidente socialista.
Pero la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera la iniciativa un "fraude" con el que el oficialismo busca perpetuarse en el poder, tras 18 años de gobierno chavista.
Con la cortesía de Efe
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