Este domingo 7 de noviembre se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Nicaragua, tras meses de arrestos de opositores por parte del gobierno de Daniel Ortega y sanciones al régimen desde la comunidad internacional.
Se espera que el mandatario logre aferrarse al poder y obtenga así su quinto mandato de cinco años. Sería el cuarto consecutivo y el segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta del país centroamericano.
Unos 4.4 millones de nicaragüenses están citados para votar en estos comicios. Elegirán a un presidente, un vicepresidente, diputados nacionales, diputados departamentales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
Estas son las claves que marcan la situación actual en Nicaragua.
LAS PROTESTAS DE 2018
Nicaragua y Ortega están en la mira de la comunidad internacional desde hace tiempo, pero particularmente desde las protestas que ocurrieron en el país en abril del 2018.
Las manifestaciones, que estallaron en protesta a las reformas del sistema de seguro social, dejaron cientos de personas presas, muertas y desaparecidas. También se reportaron miles de heridos.
La represión por parte del gobierno causó preocupación a nivel internacional, y así comenzaron varias de las sanciones que enfrenta el país.
LAS REFORMAS ELECTORALES
A finales de 2018, durante la presidencia de Donald Trump, el Congreso de Estados Unidos aprobó el “Nica Act”. El proyecto de ley ordena a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito a usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses. Esto fue debido a un presunto fraude electoral cometido por Ortega en las elecciones de 2016.
En octubre de 2020, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió a Nicaragua establecer reformas electorales para garantizar la credibilidad de estos próximos comicios.
Sin embargo, las reformas presentadas por Ortega recibieron varias críticas. Entre otras cosas, suspenden la observación internacional, niegan el financiamiento extranjero a los candidatos y evitan que las personas que participaron en las manifestaciones del 2018 puedan aspirar a un cargo político.
Críticos de las reformas afirman que, aunque tiene la intención de cumplir con las exigencias de la OEA, no pretenden realmente lograr un cambio favorable en el país.
LOS ARRESTOS DE OPOSITORES
En junio de este año, el gobierno de Ortega comenzó una ola de arrestos en contra de sus principales opositores políticos. Entre ellos se encuentran siete aspirantes presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Los aspirantes fueron detenidos y acusados de “traición a la patria”, mientras que Cristiana Chamorro, considerada la candidata con mayores oportunidades de vencer a Ortega, enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero.
Diversos gobiernos y organizaciones han exigido a Ortega que libere a sus opositores. El último organismo en sumarse a estos llamados es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una nueva resolución este jueves, tras haber exigido las liberaciones en otras dos ocasiones.
Los cinco candidatos presidenciales que sí se podrán enfrentar a Ortega son Walter Espinoza (Partido Liberal Constitucionalista), Guillermo Osorno (Camino Cristiano Nicaragüense), Marcelo Montiel (Alianza Liberal Nicaragüense), Gerson Gutiérrez (Alianza por la República) y Mauricio Orúe (Partido Liberal Independiente).
¿MÁS SANCIONES?
Países como Estados Unidos y Canadá, además de la Unión Europea, han dicho estar dispuestos a endurecer sus medidas contra el régimen.
En el último año, bajo la Administración de Joe Biden, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a decenas funcionarios nicaragüenses y sus familiares, así como a allegados a Ortega.
Esta misma semana, el Congreso estadounidense avaló la denominada ley "Renacer" (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral), que permitirá aumentar las sanciones al gobierno de Ortega.
Por su parte, la Unión Europea abrió la puerta a adoptar nuevas sanciones contra el país centroamericano tras unas elecciones que considera "falsas".
"Tenemos en vigor un régimen de sanciones contra Nicaragua y está constantemente en revisión. No excluimos tomar nuevas decisiones", dijo este miércoles Peter Stano, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
Por su parte, Canadá se ha sumado a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses, entre ellos la vicepresidenta y su hija Camila Antonia Ortega Murillo, "en respuesta a las violaciones de derechos humanos".
Adicionalmente, un funcionario del gobierno de Biden dijo este viernes a varios medios que habrá “un amplio rechazo internacional a las elecciones fraudulentas” y anunció que habrá sanciones coordinadas entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
ACV