El número de personas arrestadas y deportadas por estar en los EU ilegalmente ha disminuido bajo el mandato del presidente Joe Biden, así lo dan a conocer datos de CNN.
Lo anterior, después de que la administración de Biden redujera su enfoque de aplicación de la ley a aquellos que pueden representar una amenaza o tener antecedentes penales, lo que marca un cambio con respecto a las políticas bajo el gobierno de Donald Trump.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo la administración de Biden ha tratado de priorizar su enfoque en los inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública.
En ese sentido, el Wall Street Journal informó por primera vez sobre la caída en los arrestos y deportaciones.
ARRESTOS Y DEPORTACIONES
En marzo, ICE arrestó a 2,214 inmigrantes indocumentados, frente a los 6,679 de diciembre, el último mes completo de Trump en el cargo.
Las deportaciones también han disminuido bajo la administración de Biden. El mes pasado, la agencia deportó a 2,886 personas, frente a las 5,838 de diciembre y las 10,353 de octubre pasado.
También hay menos inmigrantes bajo la custodia de ICE, lo que el funcionario de ICE atribuyó a las restricciones por la covid-19. En marzo, la población diaria promedio en detención de ICE para el año fiscal actual fue de 15,914. En el año fiscal 2020, la población diaria promedio fue de 33,724 y en 2019 fue de 50,165.
A principios de este año, la agencia implementó pautas de aplicación personalizadas en un regreso a las medidas de la era de Obama basadas en un sistema de prioridades en lugar del enfoque más agresivo adoptado bajo la administración Trump.
Un alto funcionario de ICE dijo a CNN que los cambios se han reducido a "muchos más arrestos de criminales graves que abuelas" y otros llamados arrestos colaterales: inmigrantes encontrados por las autoridades que no son el objetivo del arresto.
Por eso, ahora, bajo el mandato de Biden, las oficinas de campo de ICE han recibido instrucciones de coordinar sus operaciones y obtener una aprobación previa para las acciones de ejecución y remoción que no cumplen con los criterios de los casos prioritarios.