CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Una joven de 17 años, proveniente de Centroamérica intentaba cruzar la frontera de México a Estados Unidos cuando fue detenida por la policía fronteriza, en los primeros días de septiembre.
Jane Doe, llamada así por las autoridades estadounidenses para cuidar su identidad, fue trasladada a un refugio para menores no acompañados, en el estado de Texas. Ahí se percató que se encontraba embarazada.
De acuerdo con cifras oficiales, el 60% de las mujeres migrantes que cruzan la frontera con México son víctimas de abuso sexual durante su trayecto.
La joven de 17 años manifestó su interés de terminar el embarazo, producto de una violación. Sin embargo, las autoridades han hecho todo lo posible por aplazar el procedimiento e intentar convencerla de que desista.
De acuerdo con un reportaje de The New York Times, la menor era asistida por la organización Jane’s Due Process, la cual apoya con representación legal a menores de edad embarazadas en Texas que busquen abortar.
Puedes leer: Falsa campaña ''''de Starbucks'''' para deportar a migrantes
Dicha organización ya había recaudado el dinero para el procedimiento de Jane Doe, el cual había sido programado para el 28 de septiembre. Pero, es ahí cuando Donald Trump se involucró en el asunto.
Brigitte Amiri, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) por su sigla en inglés) denunció que desde que el actual presidente tomó posesión ha premiado a sus simpatizantes de la derecha religiosa, en su mayoría activistas contra el aborto, en puestos de gobierno claves donde se toman estas decisiones.
“Durante casi un mes, algunos de estos funcionarios han realizado una cruzada para forzar a la joven, cuyo futuro en Estados Unidos es extremadamente incierto, a continuar su embarazo. El que las acciones de los oficiales hayan detenido el procedimiento que quería la joven nos muestra las consecuencias en el mundo real del desprecio radical de este gobierno por la autonomía femenina”, denunció la activista Brigitte Amiri.
Una de estas personas es E. Scott Lloyd, quien funge el cargo de titular de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que es parte del Departamento de Salud y Derechos Humanos. Sin embargo, carece de experiencia en materia de migrantes y refugiados, pero sí tiene una trayectora como defensor de la vida y en contra del aborto.
La integrante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles mencionó que actualmente hay cientos o hasta miles de menores no acompañadas, bajo la custodia de Estados Unidos por intentar cruzar de manera ilegal. Un gran número se encuentran embarazadas.
“La ORR encabezada por Lloyd ha prohibido a los refugios que ayuden a estas chicas a interrumpir su embarazo de manera legal, y en cambio ha ordenado que reciban ‘asesoría en opciones que afirmen la vida’”, agregó.
En el caso de Jane Doe, la organización que le brindaba apoyo jurídico, Jane’s Due Process, en encargado de la oficina de Refugiados, E. Scott Lloyd ordenó que llevaran a la joven a un centro de embarazos y crisis antiaborto donde la obligaron a ver un ultrasonido.
Además, hicieron que llamara a su madre en su país natal, en Centroamérica para contarle sobre sus intenciones de abortar, a pesar de que ella había denunciado que su madre la agredía físicamente, de manera constante.
“La tienen de rehén”, dijo Brigitte Amiri, de ACLU. “Este es el caso con más insensatez en el que he trabajado a lo largo de mi carrera”.
El 18 de octubre, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que solicita a la administración dejar de bloquear el aborto de la joven. Su procedimiento, ahora de segundo trimestre, se programó para el 20 de octubre.
Sin embargo, el gobierno de Trump interpuso una apelación con éxito, tras lo cual se estableció que el Departamento de Salud debe encontrar alguien que resguarde a Jane Doe a más tardar el 31 de agosto; si lo hace y ella queda fuera del control del gobierno, podrá interrumpir su embarazo como lo desea.
Pero no está claro cuándo será que Jane Doe pueda lograr su deseo de interrumpir su embarazo, ya que el aborto en Texas es ilegal después de las veinte semanas y la gestación de la menor ronda ya las quince semanas.
