La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunciaron este miércoles una querella contra el gobierno del presidente Donald Trump, por una nueva norma que forzaría a los alumnos extranjeros que tengan que dar las clases en línea, a dejar Estados Unidos.
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La agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), divulgó el martes la norma según la cual el Departamento de Estado no concederá visas a los estudiantes extranjeros matriculados en instituciones o programas que sean completamente en línea.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, del cual ICE es una dependencia, hay en Estados Unidos aproximadamente 1.1 millones de estudiantes extranjeros con visas F-1 y M-1.
De acuerdo con la Asociación de Educadores Internacionales, los estudiantes extranjeros hacen una contribución económica de 41,000 millones de dólares anuales y sustentan más de 450 mil empleos en el país.
"Creemos que la orden de ICE es una mala política pública y creemos que es ilegal", señaló este miércoles en una declaración Lawrence Bacow, presidente de la Universidad de Harvard, en Massachusetts.
"Llevaremos adelante el caso con determinación para que nuestros estudiantes internacionales, y los estudiantes extranjeros en instituciones de todo el país, puedan continuar sus estudios sin la amenaza de deportación", añadió Bacow después de presentar la querella en el Tribunal Federal de Boston.
Gregory Washington, presidente de la Universidad George Mason (GMU), en Virginia, dijo que la medida "podría forzar a cientos de miles de estudiantes a abandonar Estados Unidos, y amenaza con interrumpir la labor académica de más de tres mil estudiantes aquí, en GMU".
"A pesar de los retos sin precedentes que encaramos, no cejaremos en nuestro apoyo a nuestra comunidad internacional", añadió Washington, e indicó que las universidades explorarán juntas la forma de "proteger a esta población vulnerable".
La demanda pide que se anule la orden de ICE, que califica de "arbitraria y caprichosa", que es el mismo lenguaje empleado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando dos semanas atrás encontró carente de argumentos el decreto del presidente Trump que en 2017 dio por terminado el programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA), que protege a miles de jóvenes de la deportación.
kach