CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, confirmó hoy que en siete semanas de protestas contra el gobierno han muerto 55 personas, tres de ellas agentes del orden, más de mil han resultado heridas y 346 comercios quemados o saqueados.
La jefa del Ministerio Público señaló que es preocupante el uso excesivo de la fuerza de parte de cuerpos de seguridad en la contención de las manifestaciones.
"Preocupa que tengamos 500 lesionados por violencia contra derechos fundamentales. Más de la mitad (del total) han sido heridos por uso de las fuerzas de seguridad, preocupa cómo se ha exacerbado la violencia", indicó en una declaración en la sede de la Fiscalía.
Explicó que de las víctimas fatales investigadas 52 son civiles y tres agentes de policía y militares. De los mil heridos, 761 corresponden a manifestantes civiles.
"Hay que identificar las razones; la confrontación entre venezolanos no se resuelve deteniendo a personas. El descontento es producto de la severa crisis económica que ocasionó el desabastecimiento que hay en el país", puntualizó.
Señaló además que su despacho realiza 16 investigaciones sobre la actuación de grupos de civiles armados en la confrontación de las manifestaciones. Agregó que en los escenarios de protestas se ven estos grupos en actitud violenta, sin que intervengan los agentes del orden.
Ortega hizo mención del caso del estudiante José Pernalete, quien murió hace cuatro semanas en el municipio Chacao, en el este de la cuidad, que es el centro opositor del país.
Dijo que las investigaciones indicaron que murió por el impacto al pecho de una bomba lacrimógena y responsabilizó del hecho a una brigada de la Guardia Nacional (policía militarizada).
Sobre el caso, dijo que solo falta el señalamiento de la responsabilidad individual de quien disparó. Advirtió que las bombas lacrimógenas se convierten en armas letales cuando se utilizan sin preparación.
Indicó que en el ambiente de pugna política por el poder, parece que a los dirigentes se les ha olvidado "los padecimientos de la gente".
Dijo que 346 inmuebles comerciales han sido quemados o saqueados, lo que representa una pérdida económica incalculable y que agravará la crisis por el desabastecimiento de alimentos y medicinas en el país.
Ortega se refirió a las protestas que sacudieron al estado de Barinas, región natal del fallecido exmandatario Hugo Chávez, donde murieron siete manifestantes, todos por tiros, en los primeros dos días de esta semana.
Agregó que la casa natal de Chávez fue dañada, así como sedes de instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismos de justicia, alcaldías y comercios.
Asimismo, reiteró su cuestionamiento por el hecho de que los manifestantes detenidos sean llevados a la justicia militar, indicando que se viola la garantía constitucional de ser juzgado por tribunales naturales.
Ortega exhortó a los mandos militares que mantengan un seguimiento de los funcionarios encargados de enfrentar las protestas y asegurarse de que tengan la adecuada preparación, descanso y equipos para ese tipo de tareas.
Dijo que es comprensible el estrés que ocasiona estar en tareas de orden público durante ocho horas, lo que requiere de serenidad mental.
Las protestas comenzaron en abril pasado, luego que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (Congreso) acusara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dar un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de atribuciones. Los diputados acusan al gobierno de romper el hilo constitucional.
am