BRASILIA.- La Fiscalía brasileña solicitó este viernes al Tribunal Supremo la apertura de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para esclarecer si cometió un delito de prevaricato en la compra de vacunas contra la covid-19.
La Fiscalía se pronunció después de que un grupo de senadores pidiera a la Corte una investigación sobre los supuestos delitos en que pudo incurrir el presidente en la negociación para la compra de vacunas anticovid indias.
Tras el pedido presentado por los senadores, la magistrada Rosa Weber solicitó un posicionamiento de la Fiscalía brasileña, que este viernes se mostró favorable a la apertura de una investigación contra el jefe de Estado.
LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES
El objetivo de la investigación es esclarecer si se cometieron supuestas irregularidades en el contrato de intención de compra firmado entre el Gobierno y la empresa india Bharat Biotech para la adquisición de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin.
Algunas de esas supuestas irregularidades fueron reveladas la semana pasada por el diputado Luis Miranda a una comisión que investiga la gestión del Gobierno ante una pandemia que ya ha matado a casi 520 mil brasileños.
Según documentos presentados por Miranda y su hermano Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, en la negociación con Bharat Biotech se había acordado que parte del pago por las vacunas sería depositado a una empresa que no figuraba en el contrato.
Se trata de la firma Madison, que tiene sede en Singapur, lo cual la comisión parlamentaria consideró "altamente sospechoso" junto con otras cláusulas del contrato, que tenía como "intermediario" a un empresario brasileño que ya incurrió en fraudes en el área de la salud.
Ese empresario fue identificado como Francisco Maximiano, dueño de otra empresa investigada por corrupción por haber "vendido" al Ministerio de Salud unos insumos médicos que nunca entregó.
Miranda reveló que, en marzo pasado, le informó a Bolsonaro de sus sospechas y que el mandatario le dijo que ese era "un rollo" del legislador Ricardo Barros, jefe del grupo oficialista en la Cámara Baja y quien fue ministro de Salud entre 2016 y 2018.
En el pedido de apertura de investigación, el vice fiscal general de la República, Humberto Jacques de Medeiros, afirma que es preciso esclarecer las circunstancias del supuesto aviso que le fue dado a Bolsonaro sobre las citadas irregularidades para comprobar si se configuró el delito de prevaricación.
DENUNCIAS CONTRA EXMINISTRO DE SALUD
La Fiscalía también presentó este viernes a la Justicia una denuncia contra el exministro de Salud Eduardo Pazuello por supuestas omisiones en la gestión de la pandemia y en la compra de vacunas.
En la denuncia, firmada por ocho fiscales, el Ministerio Público Federal apuntó seis "actitudes" del exministro, entre ellas "omisión" y "negligencia" en las tratativas para la adquisición de vacunas, que configurarían el delito de improbidad administrativa.
Por ello, pide que Pazuello responda ante la Justicia por la "violación a los principios de la Administración" y los daños causados al patrimonio público, que suman casi 24.2 millones de dólares.
"La omisión y la negligencia del exministro en las tratativas de las negociaciones de las vacunas salió caro a la sociedad", destacaron los fiscales.
Agregaron que "la resistencia del exministro de Salud en negociar la contratación y adquisición de vacunas, con la antelación o planificación necesarias, es injustificable e irrazonable".
LOS DETALLES
En la denuncia, la Fiscalía subrayó que, durante la gestión de Pazuello, "casi 100 mil óbitos pueden ser atribuidos a la omisión gubernamental" en la adquisición de vacunas "con la urgencia que el enfrentamiento de la pandemia reclamaba".
Asimismo, apuntó que la adopción "ilegal e indebida" del "tratamiento precoz" contra la covid, defendido por Bolsonaro y cuya eficacia no fue comprobada científicamente, como principal política pública contra la enfermedad "resultó en enorme perjuicio al patrimonio público y a la salud de la población".
Los fiscales igualmente denunciaron que Pazuello fue omiso en la ampliación y distribución de test de covid, además de actuar "deliberadamente para dificultar el acceso de la sociedad a las informaciones esenciales sobre la pandemia".
"Si las decisiones de gestión -que deberían ser técnicas- son adoptadas por fuerzas de influencia externas, está comprobado el comportamiento doloso ilícito del Ministro y perfectamente configurado el ato de improbidad administrativa", recalcaron.
ACV