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Fiscal venezolana desconoce su destitución ante el TSJ

Desde la Fiscalía, Luisa Ortega Díaz señaló que desconocía la legitimidad del TSJ para impulsar el proceso en su contra; ya está “cantada”

Escrito en MUNDO el

CIUDAD DE MÉXICO .-La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo hoy que desconoce el procedimiento iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para su eventual destitución, poco antes de que se realizará la audiencia del caso y se fijara un lapso de cinco días para anunciar la decisión.

La audiencia a Sala Plena del TSJ inició el proceso contra Ortega, quien hasta marzo había sido una funcionaria confiable para el chavismo.

Desde la Fiscalía, Ortega señaló que desconocía la legitimidad del TSJ para impulsar el proceso en su contra y aseguró que la decisión ya está “cantada”.

Sin Ortega, el TSJ dio inicio a la audiencia, dando paso a los alegatos del diputado oficialista Pedro Carreño, quien la acusó de haber cometido "faltas graves" y de haberse sumado a los grupos opositores que buscan derrocar al Gobierno.

"No voy a convalidar esta historia que está teñida de vergüenza y dolor, cuya decisión está cantada. No los reconozco", dijo Ortega, en medio de aplausos de funcionarios del Ministerio Público.

Además, alertó que con su proceso queda abierto el camino para "aniquilar por la vía violenta no solo el descontento popular sino la acción de las instituciones".

“Este proceso en mi contra es contra la institución. Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación de la legislación, al Ministerio Público”, agregó.

En el proceso, los magistrados del TSJ escucharon los argumentos de los acusadores y de un defensor público.

Intervinieron Carreño, el defensor del pueblo, Tarek William Saab; el contralor general, Manuel Galindo, y el defensor público Javier Hernández, en representación de Ortega.

Tras los argumentos, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, anunció el fin de la audiencia y señaló un lapso de cinco días para tomar la decisión.

Carreño insistió en su acusación de que la fiscal le mintió al país al negar que firmó un acta que avaló la designación en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional (Congreso), entonces de mayoría oficialista, de 13 magistrados del TSJ que ahora son cuestionados por Ortega

El defensor del pueblo y el contralor abundaron en la acusación de que Ortega mintió sobre el caso y presentaron una serie de documentos para demostrar que la fiscal supuestamente había firmado el acta.

Ortega rechazó que haya cometido delito o falta grave, que su “delito” había sido defender la Constitución, pero recalcó que no se someterá a este TSJ "inconstitucional e ilegítimo".

"Este es un fraude procesal, vergonzoso con el que se pretende intimidar a la fiscal", recalcó y calificó su eventual destitución con un golpe de Estado.

El diputado Carreño pidió el antejuicio de mérito contra la fiscal, alegando causa grave, pues "mintió al país" cuando dijo que ella no firmó la designación de los magistrados del TSJ.

Ortega presentó una serie de comunicaciones firmadas sobre la recepción de actas sobre la designación de los magistrados, que fueron nombrados luego de conocerse la victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de ese año, para confirmar que no avaló las designaciones.

La fiscal alegó que sus "faltas" han sido defender la Constitución, como cuando a fines de marzo denunció una ruptura del orden constitucional, dos sentencias del TSJ que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea, lo cual ratificó hoy.

“Quiero recordar que el caos en este país no la ocasionó la fiscal, el que el pueblo no tenga acceso a los alimentos, que algunos coman de la basura, de la falta de medicinas, de la inseguridad, que no se encuentren productos de higiene personal. Eso no es responsabilidad de la fiscal, son otros los responsables”, citó.

Previamente, el TSJ declaró nula la designación por parte de Ortega del vicefiscal Rafael González y designó para el cargo a la defensora pública Katerine Nayarith Harrington, de 46 años.

Harrington fue fiscal en casos como el del opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel por instigar las protestas de 2014 contra el Gobierno; fue viceministra del Interior hasta septiembre pasado y luego defensora pública. También es una de los siete funcionarios del Gobierno sancionados por Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos humanos en 2015.

La Sala Constitucional dijo que la designación de Rafael González como vicefiscal era nula, así como su ratificación, que fue hecha el lunes por la Asamblea Nacional, que es acusada por el TSJ de desacato.


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