La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, protagonizó un nuevo embate contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al solicitar que se retire la inmunidad a ocho de sus magistrados por "conspirar" contra la nación al haber decidido en marzo pasado despojar de sus funciones al Parlamento.
El 29 de marzo el Supremo decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN) y delimitó la inmunidad de sus diputados.
Aunque cuatro días después la alta corte rectificó estas decisiones, la Cámara, controlada por la oposición, le acusó de haber dado un golpe de Estado con el aval del presidente Nicolás Maduro, y consideró que esto no se puede "corregir" suprimiendo una sentencia.
Según la titular del Ministerio Público (MP), con esas sentencias "prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional".
"Indudablemente estas sentencias ponen en peligro la democracia", dijo, a lo que agregó que, ante el desconocimiento del estado de derecho, se vio "en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito".
En ese sentido, Ortega afirmó que estas decisiones fueron una manera de "conspirar" contra la república.
"La solicitud es por cuanto (los magistrados) pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación", explicó la fiscal tras iniciar la acción legal.
Este "antejuicio de mérito" solicitado a la plenaria del TSJ recae sobre seis magistrados principales de la Sala Constitucional: Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.
A juicio de la fiscal, la Sala Constitucional ha venido actuando con una "política reiterada" en contra de la Cámara.
"Yo quiero aclararles que no es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias", sostuvo.
Además, citó, entre esas formas de atentado, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo ordenamiento jurídico sin que se haya consultado previamente a los venezolanos.
No se puede "desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución, solamente por caprichos", recalcó.
Por estas mismas sentencias del Supremo, y luego por la convocatoria a la Constituyente, la oposición inició una agenda de protestas desde el pasado 1 de abril.
Por su parte, el titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, solicitó al máximo tribunal que aclare las competencias del organismo que él dirige para participar en las investigaciones de la Fiscalía, por casos de supuestas violaciones de derechos humanos.
El funcionario consideró que es una "cualidad inherente" de su despacho investigar las violaciones de derechos humanos y aseguró que ha habido "una interpretación libre" de la Constitución por parte del MP que, afirmó, ha impedido la participación de su institución en algunos casos.
"Se ha presentado una controversia en el sistema de justicia con relación a esta competencia", dijo Saab antes de introducir ante la Sala Constitucional un recurso de interpretación del artículo 285 de la Constitución.
Este apartado establece, entre otros aspectos, que es una atribución de la Fiscalía "ordenar y dirigir la investigación penal", "garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia" y "ejercer en nombre del Estado la acción penal".
Aunque Saab dijo no tener duda respecto a las facultades de la Defensoría del Pueblo, consideró que es "sano para la democracia" que el Supremo aclare si en efecto esta institución puede "abrir investigación y tener acceso a las actuaciones (...) cuando exista la violación de un derecho humano".
La fiscal ha reiterado que la acción penal es una competencia exclusiva de su despacho y, con base en ello, ha desmentido versiones del Ejecutivo sobre algunos hechos violentos suscitados en medio de la crispación social del país.
Este recurso de Saab surge cuando el Gobierno venezolano cuestiona a Ortega por su actuación frente a la oleada de protestas.
También acudió hoy al TSJ el diputado chavista Pedro Carreño para solicitar los requerimientos para la conformación de una junta médica de expertos, psiquiatras y psicólogos que evalúen la conducta de Ortega.
"Yo creo que ella está tratando de encubrir graves delitos en el país y eso es una demostración de que esa señora no está en sus cabales", afirmó el parlamentario en referencia a la supuesta "insania mental" de la fiscal.
Un grupo de fiscales y procuradores de 12 países expresaron su respaldo a la fiscal venezolana y manifestaron su "preocupación" por la arremetida oficialista en su contra.
Pese a "acoso" a la familia no hay miedo
El diputado chavista Germán Ferrer, esposo de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que, pese al "acoso" que ha recibido su familia tras los recursos legales que ha introducido la funcionaria en contra de la convocatoria presidencial a una Asamblea Nacional Constituyente, no tienen miedo.
"Hemos recibido acoso si se puede decir, desde el punto de vista de la familia, carros apostados en las inmediaciones de las viviendas nuestras de manera amenazante", dijo el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en entrevista con la emisora privada Unión Radio.
El parlamentario, que se ha convertido en una de las voces disidentes del chavismo, también señaló que este acoso también se manifiesta en "arengas permanentes de insultos" a la fiscal desde tarimas pro oficialistas que se han instalado frente a la sede del Ministerio Público donde se encuentra el despacho de Ortega.
Ferrer aseguró que pese a esta situación la familia no se siente "en lo absoluto" atemorizada.
"No podemos temerle a esta situación porque, en definitiva, si caemos en esa trampa del miedo pues sencillamente aquí en Venezuela no se puede decir absolutamente nada y yo creo que lo que está privando es un talante democrático por parte de la institución, del Ministerio Público", dijo.
Aseguró que "a lo interno del PSUV" hay "apoyos" que aún no se han manifestado por causa del "amedrentamiento", la "descalificación" y la "intolerancia" que se "practica" desde el partido y por parte de oficialistas que "mantienen la hegemonía mediática en el país".
Dijo estar convencido de que en el PSUV hay muchos militantes que no acompañan la convocatoria a la Constituyente que hizo el presidente Nicolás Maduro, "por la forma como está hecha".
Sin embargo, apuntó que dentro del PSUV hay "una cultura" de "decir y hacer, cual soldado" lo que se ordene desde los altos mandos porque "el partido perdió el debate".
Recordó que hay otros personajes del chavismo que, como él, se han desmarcado de las acciones del Gobierno de Maduro como los exministros Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio, que consideran que se deben "respetar las reglas del juego" que se implantaron en 1999 cuando se estableció la Constitución actual.
Dijo que es necesario el diálogo "sincero" en el país para salir de la crisis pues "se están destruyendo las instituciones".
En este sentido recordó que el Parlamento de mayoría opositora ha sido acusado por la máxima corte de estar en "desacato", mientras se producen "agresiones al Ministerio Público" y "el Tribunal Supremo de Justicia es prácticamente ilegítimo".
La fiscal ha emprendido desde hace más de dos meses, acciones que contrarían las decisiones del Gobierno y del Supremo al que ha acusado de emitir fallos que "aceleran" la crisis y en las últimas horas ha introducido recursos para anular la designación de un grupo de magistrados electos por el chavismo.
Estas acciones se producen en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que se desarrollan desde el pasado 1 de abril y que hasta ahora han dejado 69 muertos y más de un millar de heridos.
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