El general Nicacio Martínez era el jefe del Ejército de Colombia hasta que el pasado 27 de diciembre fue destituido de manera sorpresiva por el presidente colombiano, Iván Duque. El militar se retiraba por razones familiares, dijo el mandatario sudamericano.
Lo que parecía una destitución ni siquiera mediática, ahora salen a relucir por los verdaderos motivos detrás de esta.
De acuerdo con la revista La Semana, Nicacio Martínez usó de forma ilegal sofisticados equipos para espiar a políticos, magistrados, generales y periodistas.
El medio colombiano accedió a una investigación, así como a fuentes, ordenada por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, días antes de la distinción de Martínez.
Aunque también organismos de inteligencia de Estados Unidos habían detectado que militares colombianos estaban haciendo uso ilegal de equipos técnicos donados por ese país.
El espionaje, relata la revista colombiana, se habrían hecho desde “dos guarniciones militares, como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”.
Fuentes anónimas refieren que los motivos del espionaje eran estrictamente políticos, lejos de la misión del Ejército de Colombia que es el combate a los guerrilleros disidentes y grupos del narcotráfico.
Entre los personajes espiados por el exjefe del Ejército están la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana; el senador Roy Barreras, del partido del expresidente Juan Manuel Santos; y el exgobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero.
Incluso, periodistas de la revista Semana denunciaron ser víctimas de espionaje, hostigamiento e incluso amenazas.
Sin embargo, las sospechas de espionaje ya se hacían escuchar en el Poder Judicial, durante el 2019 varios magistrados denunciaron que creían que sus conversaciones estaban siendo espiadas.
Barreras, por su parte, fue quien hizo público un bombardeo contra disidencias de las FARC en noviembre, donde murieron siete menores de entre 12 y 17 años.
En tanto, Romero ha sido un crítico férreo en contra del retorno de las aspersiones con glifosato.
En el caso de la magistrada, una de las fuentes del reportaje asegura que la información que obtenían debían entregarla a un “reconocido político” del Centro Democrático, el partido del gobierno.
Los militares utilizaban principalmente una plataforma llamada “Hombre Invisible”, que habría sido comprada a una empresa española, con la cual podían acceder a conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, y a fotos o conversaciones borradas en celulares y computadoras sin dejar rastro.
“Acudiremos ante la CIDH porque ha regresado la práctica ilegal paraestatal de persecución política, física y jurídica contra defensores de la paz, opositores, periodistas independientes, magistrados, bajo una 'ideología del enemigo' en la que lo es todo aquel que piense diferente”, dijo Barreras al respecto.
Por su parte, Holmes Trujillo no se ha pronunciado sobre las denuncias.
(Rodrigo Gutiérrez)