La preocupación en España por la corrupción política y el fraude se disparó en las últimas semanas, pues el 54,3 % de los ciudadanos consideran que es ya uno de los principales problemas del país, frente al 42 % de abril, según datos de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El sondeo, efectuado entre el 1 y el 9 de mayo por este organismo oficial dependiente del Gobierno, constata un aumento de 12,3 puntos en la proporción de españoles a los que inquieta esta cuestión.
Unos días antes de esas fechas se conoció el denominado "caso Lezo", relacionado con la supuesta corrupción en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, y que supuso el encarcelamiento provisional del expresidente de la región autónoma de Madrid, Ignacio González, perteneciente al conservador Partido Popular (PP).
La Justicia española está investigando y juzgando varios casos de supuesta corrupción que afectan al PP en regiones como Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia (este), al Partido Socialista (PSOE) en Andalucía (sur), y al partido nacionalista Convergencia Democrática en Cataluña (noreste).
No obstante, el paro sigue siendo la cuestión que inquieta a más españoles, en concreto al 71,3 % de los 2.479 entrevistados para la encuesta de mayo, cuando eran el 69,6 % un mes antes.
En tercer lugar se sitúan los problemas de índole económica, según el 21,2 % de los encuestados; y la cuarta posición la siguen ocupando los políticos en general, con el 18,1 % (20,9 % un mes antes).
Por el contrario, la percepción sobre la situación política empeoró y subieron al 72,9 % quienes la calificaban de "mala o muy mala", casi cuatro puntos más que en abril.
La situación económica de España es "mala" o "muy mala" según el el 58,9 %, 3,2 puntos más que un mes antes; y es regular en opinión del 35,1 % (en abril eran el 37,3 %).
El terrorismo internacional preocupa al 1,9 %, una décima menos que en abril, en tanto que la independencia de Cataluña es citada por el 0,9%, cuando era el 1,5 % en la anterior encuesta.
La autoridades regionales de Cataluña anunciaron la voluntad de convocar un referéndum sobre su independencia, a lo que el Gobierno español y el Tribunal Constitucional se oponen sistemáticamente porque las leyes nacionales lo impiden.
Sobre la organización territorial de España, bajaron del 40 al 37 % los partidarios del modelo actual de regiones autónomas y se mantuvieron en el 9,4 % los que defienden que se reconozca a las regiones la posibilidad de convertirse en estados independientes.
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