Un tribunal de Argentina apartó este viernes al juez Federico Villena de la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal a políticos, empresarios, periodistas y sindicalistas durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la ciudad bonaerense de La Plata, al hacer lugar al pedido de recusación presentado por las defensas de varios de los acusados contra Villena, juez federal de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.
En la misma resolución, a la que tuvo acceso Efe, el tribunal de alzada dispuso que la causa pase a manos del juez Juan Pablo Augé, también de Lomas de Zamora y que ya tenía a su cargo otro expediente por presunto espionaje ilegal sobre el kirchnerista Instituto Patria durante el Gobierno de Macri.
Las recusaciones a Villena habían sido presentadas por los abogados defensores de tres exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes plantearon que el juez, "ya sea por haber sido engañado o por ser parte del entramado ilegítimo que se investiga en las actuaciones, resulta una parte interesada en el proceso y, por ende, carece de la objetividad necesaria para llevar a cabo la investigación".
Puntualmente, uno de los defensores indicó que en unos audios una persona que habría prestado servicios en la AFI mencionó que Villena "libraba oficios judiciales para justificar la realización de tareas de inteligencia ilegales" llevadas a cabo por personal de la agencia estatal.
Villena rechazó la recusación y sostuvo que los argumentos expuestos por los abogados eran "meramente especulativos".
Pero en su fallo de este viernes, el juez Roberto Lemos Arias, de la Cámara Federal de La Plata, consideró que "se encuentra suficientemente fundado el temor o sospecha de parcialidad invocado" por los defensores y aseveró que Villena "no se halla en la posición de imparcialidad necesaria para seguir al frente de la investigación".
Lemos Arias señaló que en esta causa se investigan hechos de "notoria gravedad institucional" que "ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas".
La supuesta estructura ilegal también habría espiado a empresarios, sindicalistas, periodistas e integrantes del partido Pro, de Macri.
El juez había ordenado la semana pasada un allanamiento a la casa del exsecretario privado de Macri Darío Nieto y solicitó medidas de prueba para confirmar si también se instaló un sistema de espionaje en el pabellón de la cárcel de la localidad de Ezeiza donde estuvieron detenidos varios exfuncionarios del Gobierno kirchnerista.
SIP pide a presidente Fernández “no retroceder al pasado”
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su profunda preocupación por el hostigamiento y la estigmatización en contra de periodistas argentinos por parte de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y pidió al presidente que no permita al país “retroceder al pasado”.
El pedido público de la SIP al presidente Fernández es debido a las amenazas de procesos judiciales y campañas de descrédito en contra de prestigiosos periodistas argentinos, entre ellos, Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro. La afirmación “no retroceder al pasado” es en referencia a las reiteradas veces que la SIP tuvo que recriminar conductas de instigación gubernamental en contra de medios y periodistas durante la presidencia de Cristina Kirchner (2007-2015), actualmente vicepresidenta del país.
Luis Majul, anunció que denunciará a los periodistas que revelaron su vínculo con la AFI macrista y cómo operaba en su programa La Cornisa contra dirigentes de la oposición. Además, denunciará a diputados del Frente de Todos y a medios de comunicación con el argumento de que llevan adelante una campaña de “demolición” en su contra.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, mostró su preocupación dijo que “lamentamos que nuevamente tengamos que prestar atención a Argentina, porque creíamos que la persecución, el acoso y la estigmatización gubernamental contra medios y periodistas era cosa del pasado”. Barnes, director del diario jamaiquino The Gleaner, agregó que “esperamos que el presidente Fernández, respetuoso de las garantías constitucionales, ponga la debida concordia entre sus funcionarios y no permita al país retroceder al pasado en materia de libertad de prensa y expresión”.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP expresó que “nuestra preocupación es porque la experiencia nos enseñó que el hostigamiento verbal o virtual y la estigmatización, más allá de la intención de buscar restar credibilidad a los periodistas, indefectiblemente son el preámbulo de la violencia”.
Las autoridades de la SIP dijeron que el que el discurso de odio, que actualmente ha generado un trascendente debate a escala mundial, además de incentivar la violencia, debilita la libertad de prensa y a la democracia.