La escalada de la pandemia del coronavirus y la paralización de gran parte de las actividades económicas han hecho que varias empresas brasileñas empiecen a despedir a trabajadores, mientras que otras tan sólo están recortando sueldos, amparadas en un decreto presidencial promulgado a comienzos de este mes por el presidente Jair Bolsonaro.
El decreto permite la reducción de la jornada laboral y de los sueldos en hasta el 100% con una compensación proporcional pagada por el Gobierno, pero sólo hasta el tope máximo de la prestación por desempleo (1,813,03 reales, o 339 dólares), sin embargo, el plan deja afuera a los trabajadores sin contrato y a muchos empleados de empresas estatales.
A Luciana, trabajadora en plantilla de una constructora, le han recortado el sueldo y ahora le toca apretarse el cinturón, pues ha cancelado su posgrado y, en vez de acudir semanalmente a terapia, ha pasado a hacerlo cada quince días, incluso antes de saber cuan grande sería el recorte.
“El 20 de marzo dejamos de recibir el cheque transporte y el cheque restaurante. No me imaginaba que nos salpicaría a todos”, contó para El País.
Pero este viernes le llegó el comunicado oficial de la empresa: un recorte del 10% de los salarios para quienes cobran hasta 5,000 reales (935 dólares), y del 20% para los que perciben un salario mayor, al menos hasta junio.
Aunque al sector de la construcción civil tiene permitido continuar con sus actividades durante la cuarentena, la empresa donde trabaja Luciana está especializada en proyectos en urbanizaciones privadas. Y, por medidas de seguridad, las administraciones de las urbanizaciones han suspendido la realización de obras durante este periodo.
“La empresa está completamente parada. No sé cómo será, si habrá que ir al banco, si tendremos que solicitarlo o si nos lo abonarán automáticamente. Voy a esperar a que la gente que más lo necesite lo cobre y entonces tramitaré el mío”, afirmó para el periódico español.
Trabajadores sin contrato
La contrapartida del Gobierno ante los recortes, sin embargo, solo cubre a los trabajadores en plantilla de empresas privadas y a los trabajadores domésticos que cuentan con un contrato. Los dos grupos suman actualmente 35 millones de personas y representan al 53.5% de la fuerza de trabajo, según el Instituto Brasileño de Estadística.
Los trabajadores que a menudo son contratados como personas jurídicas para aliviar las cargas laborales de las empresas también se quedarán fuera de una contrapartida del Gobierno en el caso de que sus sueldos se encojan.
Las empresas estatales y la economía mixta no entran en el decreto provisional
Las empresas estatales y las de economía mixta, como Eletrobras y Petrobras, no podrán beneficiarse del decreto presidencial porque los regímenes jurídicos son diferentes, y las contrataciones se hacen por oposiciones. Según el secretario especial de Previsión Social y Trabajo, Bruno Bianco, el objetivo de la nueva ley es preservar los empleos de los trabajadores del sector privado.
Los trabajadores informales no saben si cobrarán el subsidio
Mientras los trabajadores legales se adaptan a una realidad que no se sabe cuánto durará, los trabajadores sin ningún tipo de registro y con bajo poder adquisitivo aún no saben con exactitud cuándo percibirán la ayuda de emergencia de 600 reales (112 dólares), también promulgada mediante un decreto. La principal duda es cómo tener acceso al dinero.
(María José Pardo)