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"En Nicaragua, quienes piensan distinto viven bajo amenaza”

Las medidas tomadas por el régimen de Daniel Ortega alejan al país de la democracia y preocupan a la comunidad internacional

Escrito en MUNDO el

A cinco meses de sus elecciones presidenciales, la atención mundial está en Nicaragua. Las medidas recientes tomadas por el actual mandatario, Daniel Ortega, preocupan tanto a sus oponentes políticos como a la comunidad internacional, ya que la posibilidad de unos comicios transparentes y justos está cada vez más lejos.

Desde leyes que nublan el proceso electoral hasta las detenciones de miembros de la oposición, las medidas muestran el estado actual del país centroamericano y lo lejos que su mandatario está dispuesto a llegar para conseguir su cuarto mandato consecutivo.

“El país está secuestrado”, afirma el periodista Douglas Carcache. “La población vive amenazada, sin derechos, porque el régimen utiliza las instituciones públicas a su conveniencia y violenta las leyes”.

Esto es lo que está sucediendo en el país.


EL CAMINO A LAS ELECCIONES

En octubre de 2020, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió al gobierno nicaragüense establecer reformas electorales para asegurar la credibilidad de los comicios que se llevarán a cabo este noviembre.

Sin embargo, esto no funcionó de la forma esperada. Las nuevas leyes suspenden la observación internacional y niegan el financiamiento externo a los candidatos, entre otras medidas.

Desde que las reformas fueron creadas, han sido usadas para intimidar a los adversarios políticos de Ortega. “El gobierno ha hecho lo contrario de lo que pidió la OEA y llegó al extremo de encarcelar a los aspirantes presidenciales con más potencial para ganar en noviembre”, explica Carcache.


DETENCIONES DE CANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN

El 20 de mayo, la candidata presidencial e hija de la exmandataria Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, fue citada al Ministerio de Gobernación.

Ahí se le informó que sería investigada por un caso de supuesto lavado de dinero hecho por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que había sido dirigida por ella hasta su cierre en febrero de este año.

Luego de ser interrogada, la candidata con más probabilidad de vencer a Ortega en las elecciones próximas quedó inhabilitada para optar a cargos de elección popular.

Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. El dos de junio, la policía allanó su residencia y la detuvo por orden de un juez. La candidata sigue incomunicada y bajo arresto domiciliario.

El segundo caso es el de Arturo Cruz, quien fue embajador en Estados Unidos entre 2007 y 2009.

El candidato fue detenido el cinco de junio en el Aeropuerto Internacional de Managua, cuando regresaba de un viaje a Washington, ya que “supuestamente habló con funcionarios del gobierno de Biden y algunos congresistas” sobre la situación en Nicaragua, según explica Carcache.

El Ministerio Público dio a conocer que lo investiga por delitos de “provocación, proposición y conspiración en menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.

Pocos días después, el ocho de junio, fue detenido el académico y activista Félix Maradiaga luego de comparecer a declarar ante la Fiscalía. El Ministerio Público informó que el candidato es investigado por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.

Un día después, el nueve de junio, fue detenido el precandidato Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana Chamorro.

Aunque se le detuvo por la misma razón que a Cruz y a Maradiaga, también se le investiga por supuestos delitos cometidos mientras dirigió la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), según informa Carcache.

Sin embargo, estas medidas no solo son intimidación por parte del gobierno: la detención de 90 días les quita a los opositores la posibilidad de ser candidatos presidenciales.

“Según el calendario electoral oficial, las candidaturas serán inscritas entre el 28 de julio y el dos de agosto. Ninguno podría cumplir con ese trámite porque aún estarían detenidos”, explica el periodista. “Es evidente, por eso, que la intención principal de Ortega, al ordenar su detención, es sacarlos de la competencia electoral”.

La situación es incluso más preocupante: las esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro denunciaron este martes que desconocen el paradero y el estado de salud de los candidatos, según la agencia Efe, por lo que pidieron al gobierno de Ortega que les muestre pruebas de que siguen con vida.


DETENCIONES A OTROS OPOSITORES

Los cuatro candidatos no son los únicos opositores que se han visto en esta situación.

Este fin de semana fueron detenidos seis disidentes sandinistas, incluyendo a los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres. Lo mismo sucedió con el exvicecanciller del país, Víctor Hugo Tinoco, y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

Además, “hay muchas amenazas” a otras personas y organizaciones por parte de “propagandistas del gobierno”, explica Carcache, como ha sucedido con varios periodistas en Nicaragua.

En las últimas semanas, varios comunicadores fueron llamados a testificar en el caso contra Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Al inicio, según lo que han relatado, los fiscales les preguntaron sobre su relación con [la fundación] y los acuerdos que tenían con esta”, informa Carcache. “Pero en la última semana, al menos tres periodistas fueron virtualmente amenazados con la ley de ciberdelitos”.

Esta ley, aprobada en octubre el año pasado, considera un delito la propagación de noticias falsas. Incluso establece penas de hasta cuatro años de prisión para quien difunda información falsa que “produzca alarma, temor o zozobra a la población”, según lo consideren las autoridades.

“Si es el gobierno quien decide qué es falso y qué es verdad, el periodismo independiente queda contra la pared frente a una justicia parcializada, controlada por Ortega”, expresa Carcache. “Al periodista Fabián Medina, quien publica una columna en el diario La Prensa, un fiscal le dijo que sus escritos estaban llenos de falsedades y le recordó la ley de ciberdelitos. Sin duda, es una amenaza”.


ALERTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Uno de los primeros países en pronunciar su preocupación ante la situación fue Estados Unidos. Dos días después de la detención de Cristiana Chamorro, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó que esto constituye “un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar elecciones libres y justas”.

Sin embargo, el país norteamericano fue subiendo su tono. Luego de la detención de Maradiaga, la subsecretaria para Latinoamérica del Departamento de Estado, Julie Chung, declaró:

“La detención arbitraria del candidato presidencial Félix Maradiaga, el tercer líder opositor detenido en 10 días, confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador. La comunidad internacional no tiene más opción que tratarlo como tal”.

Además, la semana pasada, el país incluso decidió imponer sanciones a miembros del círculo de Ortega, incluyendo a su hija, Camila Antonia Ortega Murillo.

La Unión Europea y otros países, incluyendo a México, Argentina y Costa Rica, también han expresado preocupación por la situación actual en Nicaragua. También lo han hecho instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, más recientemente, la OEA.

 

LO QUE SE ESPERA DE LAS ELECCIONES

Aún se desconoce con exactitud lo que sucederá en los comicios de noviembre. Sin embargo, con la detención de sus principales opositores, es probable que Daniel Ortega consiga aferrarse al poder.

“El país necesita elecciones competitivas, pero esto es imposible si se restringe la participación de la oposición”, explica Carcache. “Para que haya elecciones libres, justas, transparentes y con observación internacional, como demandó la OEA, se debe garantizar la participación amplia de la oposición y que el poder electoral, el que cuenta los votos, sea confiable”.

Sin embargo, esto no sucederá pronto en el país. “En Nicaragua, quienes piensan distinto, quienes critican al régimen sandinista, viven bajo amenaza”, se lamenta el periodista.


ACV