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El Salvador otorga inmunidad penal a gestores de la pandemia

Diputados de la oposición acusaron a la Asamblea de “crear un fuero a los funcionarios” que han sido acusados de corrupción

  • EFE
  • 05/05/2021
  • 17:45 hrs
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El Salvador otorga inmunidad penal a gestores de la pandemia
El Gobierno salvadoreño enfrentaba diversas investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención de la covid. (Foto: Twitter)

SAN SALVADOR.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó este miércoles una ley que decreta la inmunidad penal y administrativa de funcionarios ante cualquier acusación de corrupción en la gestión de la pandemia.

La nueva norma establece que la inmunidad se aplicará "ante cualquier reclamo" de irregularidades en la compra de tratamientos médicos para atender la covid-19, y al ser retroactiva, da inmunidad ante casos de corrupción cometidos desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno salvadoreño enfrentaba diversas investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención de la covid.

La ley, presentada a petición del presidente, Nayib Bukele, fue aprobada con 63 votos de los 84 diputados y lleva por nombre "Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia covid-19".

 

BENEFICIADOS POR LA INMUNIDAD

Entre los beneficiarios de la inmunidad están los "proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en el sector de la salud”.

También incluye al "fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero".

La norma añade un amplió listado de actividades relacionadas con el desarrollo, administración, uso de un producto o servicio para tratamientos médicos.

 

OPOSICIÓN: "SE BUSCA BLINDAR A LOS FUNCIONARIOS"

El diputado Johnny Wright, del partido opositor Nuestro Tiempo (NI), señaló que, a su juicio, parece que el decreto legislativo "busca ocultar, busca blindar, busca inmunidad para todos los procesos que tienen que ver con el manejo de la pandemia".

La diputada opositora Anabel Belloso añadió que la iniciativa aprobada también pretende "crear un fuero a los funcionarios que, en el marco de la atención de la pandemia, están fuertemente señalados por casos de corrupción por el uso abusivo de los fondos públicos".

Sin embargo, Guillermo Gallegos, de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), rechazó que se trate de "querer cubrir situaciones irregulares" y dijo que busca proteger a los empleados del sistema de salud, proveedores y farmacéuticas por los riesgos que tiene la aplicación de las vacunas.

La iniciativa aprobada con dispensa de trámites también autoriza al Ministerio de Salud la compra de productos sanitarios sin pasar por los controles tradicionales.

 

ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN

La Fiscalía General de la República (FGR) allanó en noviembre de 2020 el Ministerio de Salud y unas 12 dependencias del Gobierno y proveedores.

El entonces fiscal general, Raúl Melara, confirmó que las investigaciones por el supuesto manejo irregular de fondos para la pandemia se originaron principalmente por indicios presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).

Melara fue destituido el sábado por la Asamblea Legislativa y en su lugar se puso a Rodolfo Delgado, exasesor del Gobierno de Bukele y abogado del director de la Policía en un proceso de desafuero.

De acuerdo con medios locales, Delgado anunció que revisará un acuerdo firmado entre el Ministerio Público y la Cicies.

El cese de Melara, que fue acompañado por el de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha sido duramente criticado por la comunidad internacional, especialmente por Estados Unidos, que lo acusa de atentado a la separación de poderes.

 

BENEFICIOS FISCALES A PERIÓDICOS

La Asamblea Legislativa también retiró este miércoles algunos beneficios fiscales que la ley de imprenta daba a los periódicos impresos, criticados en diversas ocasiones por el Gobierno.

Con 68 votos de los 84 diputados, la Asamblea modificó el artículo 8 de la Ley de Imprenta, que señalaba que "las imprentas no estarán sujetas a ningún impuesto ni caución" e incluía a los periódicos.

La reforma señala que las actividades de imprenta que no se encuentran en la Ley del Libro "no gozarán de exenciones arancelarias para importación de materias primas, maquinaria y de equipo de impresión" ni “gozarán de deducciones" del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De acuerdo con trabajadores de periódicos salvadoreños, los medios impresos ya pagaban ISR e IVA, por lo que las exenciones eran por la importación de papel.


LOS ARGUMENTOS

Los diputados de los oficialistas Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN) respaldaron la iniciativa y aseguraron que era por "justicia tributaria" y no por "revancha".

Sin embargo, la oposición argumentó que las medidas son injustas. El diputado Johnny Wright sostuvo que la medida era "impulsiva" y "se basa en el revanchismo político".

"Lo único que les interesa es el revanchismo y la persecución", dijo el legislador.


CRÍTICAS A LOS MEDIOS

El Gobierno de Nayib Bukele y los diputados de NI han criticado en diversas ocasiones a los principales periódicos del país, La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, por sus publicaciones.

El pasado 17 de abril, cuando el ahora presidente del Parlamento salvadoreño, Ernesto Castro, era diputado electo publicó en su cuenta de Twitter: "Ya no escriben. Ladran. Ya no hacen periodismo. Escupen. Hay que tratarlos como lo que son. Pronto entenderán".

Esto fue en respuesta a una publicación de La Prensa Gráfica que señalaba un "lento ritmo de vacunación".


LOS DETALLES DE LA REFORMA

La Asamblea Legislativa realiza este miércoles su segunda sesión plenaria, sin que se conozca ningún punto de la agenda y en la que las medidas votadas únicamente son del oficialista NI.

Las propuesta votada fue introducida por dispensa de trámite, lo que permite que los decretos sean aprobados sin pasar por un análisis en las respectivas comisiones integradas por diputados de cada partido político en el Congreso.

La primera acción de la nueva legislatura, que se instaló el sábado pasado, fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

Esta acción ha sido duramente criticada por la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, por suponer un atentado a la separación de poderes.


ACV