El Salvador se ha visto en una situación complicada desde principios de mayo, cuando comenzó sesión su nueva Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista. Por ello, le ha sido más fácil al presidente Nayib Bukele y a su Gobierno aprobar leyes que, aunque han sido convenientes para ellos, han sido controversiales para autoridades y organizaciones dentro y fuera de El Salvador.
El cambio que ha generado más críticas hasta ahora fue la destitución de los magistrados de la Corte Suprema, al igual que la del fiscal general del país, con quienes Bukele ha tenido enfrentamientos este último año.
Sin embargo, en estas dos semanas se han aprobado otras reformas consideradas problemáticas, como el retiro de algunos beneficios fiscales a los periódicos del país y la creación de una ley que decreta inmunidad para los gestores de la pandemia.
Esto es lo que está sucediendo actualmente en El Salvador.
LAS DESTITUCIONES
El sábado primero de mayo, la nueva Asamblea aprobó su primera medida: la destitución de cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, además de la del titular de la Fiscalía General del Estado, Raúl Melara.
Los legisladores argumentaron que los magistrados emitieron veredictos contrarios a ciertos decretos ejecutivos durante la pandemia y que, por ello, obstaculizaron el trabajo del Ministerio de Salud.
“La razón que el Gobierno dio fue falsa, pueril”, explica Óscar Martínez, jefe de redacción del medio salvadoreño El Faro, a La Silla Rota.
“Fue una excusa más que una razón”, advierte.
Varias organizaciones e incluso gobiernos de otros países se mostraron conmocionados por la medida y argumentaron que la acción era antidemocrática, ya que la consideran un intento de Bukele de acaparar el poder.
“El problema fue que la Sala había contradicho las decisiones del presidente y eso no le gustó”, afirma el periodista. “Esto es, simplemente, no comprender la relación de pesos y contrapesos en una democracia”.
La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, fue una de las críticas de la decisión de la Asamblea.
"Quiero recordar a todas las autoridades estatales la necesidad de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional para restaurar el Estado de derecho y la separación de poderes", subrayó en un comunicado, agregando que las destituciones “socavan gravemente la democracia” en el país.
Estados Unidos y la Unión Europea también criticaron fuertemente la medida. El enviado especial de Joe Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, expresó la semana pasada que su país no está de acuerdo con la destitución de los magistrados y que, a su criterio, “lo mejor sería restaurar la situación que existía el 30 de abril”.
#ElSalvador | "Pensamos que las acciones del 1 de mayo no están en cumplimiento con la Constitución o el procedimiento legal", declaró a la prensa Ricardo Zúñiga, Enviado Especial del Departamento de Estado de EE.UU. en su segunda visita al país. Escucha el audio completo. ? pic.twitter.com/YR1IbQBVIn— El Faro (@_elfaro_) May 12, 2021
La decisión de la Asamblea llevó a la propia Sala de lo Constitucional a emitir un fallo que declara inconstitucional la destitución de sus magistrados. Según algunos abogados, citados por el medio Efe, esta acción debería anular la votación.
REFORMA A LA LEY DE IMPRENTA
Pocos días después de esta primera decisión controversial, la Asamblea pasó otra medida que también ha preocupado a varias organizaciones: retiró algunos beneficios fiscales que la ley de imprenta les daba a los periódicos impresos.
Con 68 votos se aprueba la iniciativa para que los periódicos paguen impuestos. #LaNuevaAsamblea pic.twitter.com/NMdt8w71cO— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) May 5, 2021
Los críticos de la reforma señalan la relación existente entre Bukele y los medios como la verdadera razón de este cambio.
“A mí no me parece estrictamente mal que (los periódicos) deban pagar impuestos por importación de algunos insumos. Sin embargo, no creo que la intención de esto sea la recaudación tributaria”, explica Martínez. “Lo que creo, y esta es mi opinión personal, es que esto no lo hace el Gobierno como un acto de justicia, sino como un acto de venganza”.
La Sociedad Interamericana de Prensa opina lo mismo. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó en un comunicado:
"Ya teníamos conocimiento de que Bukele la había emprendido contra los medios de comunicación, pero con las recientes disposiciones dejó claro que se trata de una retaliación y un ataque directo a la libertad de prensa, con consecuencias devastadoras".
Martínez confirma que han sido perseguidos desde hace tiempo por este Gobierno: “El presidente Bukele no empezó a perseguir a los medios ese fin de semana. Esto viene desde que llegó al poder en julio de 2019”.
El periodista explica que se han dado varios casos de seguimiento, de intervenciones a comunicaciones y de robo de equipo, además de “amenazas directas contra la integridad de periodistas” y “acusaciones constantes” por parte de funcionarios del Estado.
“No tenemos que esperar a ver qué va a hacer Bukele para entender si va o no va a atacar la libertad de expresión”, asegura.
A pesar de la seriedad de esta situación, Martínez explica que él cree que hay una segunda razón por la que el Gobierno pasó esta reforma a la ley de imprenta: “es una especie de show para distraer de lo que realmente hicieron ese día”.
INMUNIDAD POR EL MANEJO DE LA PANDEMIA
El mismo día que la Asamblea Legislativa aprobó la reforma a la ley de imprenta, anunció una nueva ley que decreta la inmunidad penal y administrativa a los funcionarios involucrados en la gestión de la pandemia.
Este manejo de la crisis sanitaria ha sido “muy poco transparente y muy señalado por casos de corrupción”, señala Martínez.
La medida establece que la inmunidad se aplicará ante “cualquier reclamo” de irregularidades en la compra de tratamientos o materiales médicos para atender la crisis sanitaria.
Uno de los principales problemas que ha habido es que el Ministerio de Salud ha comprado productos sanitarios sin pasar por los controles tradicionales. Martínez explica que, en algunos casos, incluso compraron productos a sus propios familiares o conocidos. Agrega que el 68% de esas compras estaban bajo investigación de la Fiscalía por irregularidades.
La ley protege, según su cuarto artículo, a los “proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en el sector de la salud”, además de a fabricantes de medicamentos.
“Ahí ponen una larga lista para que no se vean en la vergonzosa posición de ponerle el nombre y los apellidos de los funcionarios a los que quieren proteger”, apunta Martínez.
SITUACIONES QUE SE PUEDEN REPETIR
El periodista considera que, ahora que Bukele tiene más poder en la Asamblea Legislativa, situaciones como estas se van a repetir: “va a pasar todo el tiempo”.
A pesar de las varias críticas que ha recibido el Gobierno, particularmente por la destitución de los ministros y el fiscal, parece que el presidente no cambiará de opinión.
Luego de las declaraciones que hizo Ricardo Zúñiga la semana pasada, Bukele escribió en Twitter que los cambios que se están realizando en el país son “irreversibles”.
Para las voces que aún piden que volvamos al pasado.
Con mucho respeto y cariño:
Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES.
No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro.
Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos.
Bendiciones.— Nayib Bukele ???? (@nayibbukele) May 12, 2021
“Para las voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones", dice Bukele en el comunicado.
Martínez considera que las posturas tomadas por el Gobierno son preocupantes, ya que, aunque “gran parte del mundo democrático está repudiando sus acciones, Bukele ya dejó muy claro que no le importa”, ya que busca “tener todo el poder, como un autócrata declarado”.
Otro factor preocupante sobre esta situación son las consecuencias que puede generar para América Latina: “Supongo que va a ser otra nefasta lección de que es posible acumular poder por las vías no democráticas y que, a alguna gente, esto le va a parecer muy atractivo”, señala Martínez.