Lo que parecía una videoconferencia cualquiera, se convirtió en el escenario de un abuso sexual contra un menor de edad transmitido en vivo que destapó una red de pornografía infantil en Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2015, cuando William Augusta -de entonces 21 años- utilizó la transmisión de una videoconferencia para compartir pornografía infantil y abusar sexualmente de un menor de seis años de edad en vivo.
En la videoconferencia había 15 personas mirando lo que sucedía, mismos que en lugar de parar la transmisión o hacer cualquier otra cosa al respecto para evitar el abuso y su difusión, alentaron a William para que lastimara sexualmente al niño.
Los participantes pidieron al agresor que realizara actos sexuales específicos contra el menor de seis años.
Los testigos del abuso sexual y pornografía infantil se convirtieron entonces en cómplices de William Augusta.
Lo que los cómplices desconocían es que entre ellos había un infiltrado, un agente encubierto de la policía que evidenció una red de pornografía infantil que llevó el caso al nivel federal.
El agente descubrió entonces que William no había cometido el abuso sexual en una videoconferencia de forma aleatoria, sino que la transmisión había sido creada específicamente para eso.
Este grupo había utilizado, desde 2014, videoconferencias para transmitir con regularidad pornografía infantil, así como abusos sexuales contra menores en vivo.
Lo hacían a través de videoconferencias para no dejar prueba alguna en sus dispositivos de poseer -o haber poseído- pornografía infantil.
El día siguiente del abuso sexual contra un menor de edad cometido por William Augusta, la policía arribó a su casa, lo detuvo y rescató al niño de seis años.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el menor había sido víctima de abusos sexuales durante al menos dos años.
Así, el gobierno de Estados Unidos comenzó con la cacería de cada uno de los 15 miembros que formaron parte de esta red de pornografía infantil y abuso sexual contra menores.
Poco a poco, cada uno de los criminales fue capturado, todos ellos viviendo en diferentes estados del país norteamericana, quienes se declararon culpables y recibieron grandes sentencias condenatorias.
William Augusta, de Carlisle, Pensilvania, fue sentenciado a 60 años de prisión, más libertad supervisada de por vida, el 31 de octubre de 2017.
Scott Lane, exdirector ejecutivo de relaciones con donantes y programas de recaudación de fondos de la Universidad Pace, de Manhattan, Nueva York, fue sentenciado a 35 años de prisión el 1 de abril de 2021, condena que revivió el caso ocurrido hace seis años.
Matthew Fensler, de Phoenix, Arizona; y David Sewell, de Ft. Lauderdale, Florida; fueron condenados a 35 años de prisión, más 15 años de libertad supervisada, el 27 de julio de 2017.
Moisés Márquez, de San Diego, California, recibió 30 años de prisión, seguidos de 15 años de libertad supervisada, el 28 de junio de 2017.
Jason Bolden, de Duluth, Georgia, también fue sentenciado a 30 años de prisión, más 10 años de libertad supervisada, el 26 de julio de 2017.
Franklyn Molina, de Shippensburg, Pensilvania, fue condenado a 195 meses de prisión, seguidos de 15 años de libertad supervisada, el 20 de septiembre de 2017.
Casey O''Dell, de Albuquerque, Nuevo México, recibió 40 años de prisión y 15 años de libertad supervisada, el 24 de octubre de 2017.
James Reese, de Des Moines, Iowa, fue sentenciado a 20 años de prisión, más 10 años de libertad supervisada, el 7 de noviembre de 2017.
Paul Stamm, de Cincinnati, Ohio, fue condenado a 30 años de prisión seguidos de 15 años de libertad supervisada, el 28 de septiembre de 2017.
Ed Westbury, de Lufkin, Texas, pasará 78 meses de prisión, seguidos de 10 años de libertad supervisada, el 14 de junio de 2017.
Christopher Wehr, de Duluth, Georgia, y Bruce Edgecombe, de Harvard, Illinois; murieron antes de recibir sentencia.
Los únicos dos pendientes de recibir sentencia en el caso son William Staples, de Harrodsburg, Kentucky; y Dylan Heatherly, estudiante en Lemon Grove, California.