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Detenciones y acoso a opositores siguen en Nicaragua

Estados Unidos exigió la “liberación inmediata” de los candidatos opositores a la Presidencia del país

Escrito en MUNDO el

WASHINGTON.- Estados Unidos reclamó este martes la "liberación inmediata" de los cinco líderes opositores del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que están bajo arresto a cinco meses de la celebración de las elecciones.

"Hacemos un llamamiento al presidente Ortega y al Gobierno de Nicaragua para que liberen de inmediato a los contendientes presidenciales Cristiana Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha impuesto varias rondas de sanciones económicas a altos funcionarios nicaragüenses, entre ellos algunos familiares directos de Ortega y su esposa y vicepresidenta del país centroamericano, Rosario Murillo.

En sus declaraciones, Price condenó la actual "campaña de terror" en los "términos más inequívocos" y aseguró que Estados Unidos "seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar los llamamientos de los nicaragüenses a una mayor libertad o mayor rendición de cuentas, así como a elecciones libres y justas".

"Estamos alarmados, por supuesto, por los acontecimientos de los últimos días y semanas, pero la valentía del pueblo de Nicaragua es admirable", agregó.

Las autoridades nicaragüenses han detenido en lo que va de mes a cinco aspirantes opositores a la Presidencia de Nicaragua, así como a otros opositores y dos históricos exguerrilleros, a falta de cinco meses para los comicios en los que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.

La última detención fue la de Mora, en la medianoche del pasado domingo. Fue arrestado por la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega.


APRUEBAN PROYECTO “RENACER” EN COMITÉ DE EU

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este martes el proyecto de ley "RENACER" para promover unas elecciones "libres y justas" en Nicaragua, frente a las medidas adoptadas por Ortega.

Así lo informó en un tuit el senador demócrata y presidente de ese comité, Bob Menéndez, quien destacó que "la desesperación de Ortega por permanecer en el poder le ha costado lo que le pueda quedar de legitimidad".

En su mensaje, Menéndez advirtió de que habrá "consecuencias" para quienes intenten "robar" al pueblo nicaragüense su derecho fundamental a tener unas elecciones "libres y justas".

Esta iniciativa, bautizada como proyecto de ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER), fue presentada en marzo de 2021 por legisladores bipartidistas, liderados por Menéndez y el senador republicano Marco Rubio.

La propuesta propone alinear de forma estratégica las herramientas diplomáticas de Estados Unidos, incluyendo las sanciones selectivas, "para promover y avanzar elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021".

Este proyecto de ley también requeriría que el Gobierno estadounidense aumente la coordinación de las sanciones con Canadá y la Unión Europea, amplié la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y fortalezca los informes de inteligencia sobre las actividades del Gobierno ruso en Nicaragua.

Tras su aprobación en el Comité de Relaciones Exteriores, el texto pasará ahora al pleno del Senado para ser debatido.

 

DECLARACIONES DESDE LA ONU

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua, que imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre.

"Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (...), pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante", señaló la expresidenta chilena.

Bachelet lamentó que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos a cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios generales.

También se ha detenido a otros ochos líderes políticos y dos dirigentes gremiales, "bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias", subrayó Bachelet, quien insistió en que los arrestos han estado rodeados de "graves violaciones de las garantías procesales".

Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, "como en efecto está ocurriendo", aseguró la alta comisionada.

Bachelet también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión "no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales", así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.


PERSECUCIONES DE OTROS OPOSITORES

La alta comisionada también afirmó que, desde la segunda mitad de abril, coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de las protestas de 2018, se ha registrado una escalada de la "persecución selectiva" contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.

"Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y sociedad civil por intentar protestar en espacios públicos", subrayó, señalando que al menos 124 personas están privadas de libertad en el contexto de la actual crisis.

Estos abusos, que también incluyen hostigamientos a medios de comunicación y periodistas independientes, "generan un clima de temor" que en opinión de la alta comisionada "inhibe el ejercicio de los derechos a reunión pacífica, asociación y expresión, esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo".

Bachelet pidió por todo ello al Gobierno del presidente Daniel Ortega "cambios urgentes", que "implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral"

También apeló a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumente sus esfuerzos para buscar la rendición de cuentas de Nicaragua por las graves violaciones cometidas desde 2018.

Reclamó por último que Nicaragua permita el regreso de la sucursal nacional de la oficina de la ONU que ella dirige, así como otros mecanismos de derechos humanos, "a fin de contribuir a que se supere la crisis que vive el país". 


LAS DECLARACIONES DE HRW

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció este martes el "secuestro" por parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de sus adversarios políticos para los comicios del próximo 7 de noviembre.

"Lo que estamos viviendo hoy día es absolutamente inaudito en América Latina en los últimos 30 años, como es el secuestro de los cinco principales precandidatos presidenciales en Nicaragua", aseguró el director de la división de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.


EL INFORME 

Vivanco hizo estas declaraciones después de que la ONG presentara este martes un informe de 38 páginas en el que urge a Naciones Unidas a actuar ante la reciente ola de arrestos contra líderes de la oposición y otros críticos de Ortega.  

En el caso de Cristina Chamorro, la aspirante presidencial opositora e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Vivanco dijo que "está secuestrada en su hogar y limitada solamente a su dormitorio por delincuentes armados que están en control del resto de su casa y que le han cortado todas las comunicaciones".

Además, el encargado para el continente americano aseguró que los supuestos cargos y pruebas que enfrenta Chamorro en Nicaragua "son evidentemente fabricados".

"Lo que se busca es sacarla de la contienda electoral para inhabilitarla de cara a las elecciones, lo que deja a Chamorro en una situación de total indefensión", argumentó Vivanco.

También han sido arrestados dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos extrabajadores de una ONG.

"Esta es una situación gravísima que afecta la vigencia de los Derechos Humanos en Nicaragua", sentenció Vivanco.

Por ello, HRW pidió este martes al secretario general de la ONU, António Guterres, que use su poder para invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de convocar una reunión con la justificación de que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Estrictamente hablando el artículo solo ha sido invocado en tres ocasiones (1960, 1979 y 1989), ya que los secretarios generales de la ONU suelen acudir a avisos informales para llamar la atención del Consejo de Seguridad.

Asimismo, la ONG urge directamente a los miembros del Consejo de Seguridad a incluir la crisis de Nicaragua en su agenda e implementar sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos. 


LAS NUEVAS DETENCIONES

La política opositora María Fernanda Flores Lanzas, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, y el periodista Miguel Mendoza fueron detenidos la noche de este lunes bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, informó la Policía Nacional.

La política, que fue destituida como diputada por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el 26 de noviembre pasado, fue la primera detenida" y "permanece en su casa bajo custodia policial", de acuerdo con la información.

Posteriormente la Policía arresto a Mendoza, un cronista deportivo que publica comentarios políticos en sus redes sociales, la mayoría críticos con el Gobierno de Daniel Ortega y donde tiene miles de seguidores.

En una declaración, la Policía indicó que tanto la política como el periodista, al igual que otros 15 dirigentes opositores, están siendo investigados "por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares".

También por "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones".

Además, por "demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación".


APLICAN LEY QUE INHABILITA CANDIDATURAS

La Policía explicó que basa su acusación citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre pasado.

Esa polémica ley, promovida por el Ejecutivo, cataloga los "traidores a la patria" y los inhabilita a optar a cargos públicos.

El pasado 9 de noviembre, antes de ser destituida como legisladora, Washington anunció que el expresidente Alemán, Flores Lanzas y sus familiares cercanos "no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos", debido a "su participación en importantes actos de corrupción como presidente de Nicaragua".

Dos semanas después Flores Lanzas fue destituida diputada con el voto de 80 de 92 posibles, incluido el de los 72 sandinistas y sus aliados.

En tanto el periodista Mendoza, en uno de sus últimos mensajes e Twitter, tildó de "paria internacional" al Gobierno de Ortega y comparó la ola de arrestos en Nicaragua con los secuestros ordenados por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar "en sus últimos años de terror".


ALLANAN LA CASA DE CARLOS FERNANDO CHAMORRO

El periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset, denunció este lunes el allanamiento en su domicilio como parte de la ola de arrestos en contra de dirigentes políticos opositores.

"NO A LA CENSURA. Tropas de la Policía ejecutan a las 8.30 PM un operativo ilegal de allanamiento en mi casa en Intermezzo del Bosque", en una zona exclusiva al sur de Managua, señaló Chamorro en un mensaje de Twitter.

El periodista, una de las voces más críticas al Gobierno de Ortega, exigió "respeto a la integridad física de mi cuñada Amelia Elizondo, Amparo, y Álvaro, el guarda de seguridad", que están en su vivienda.

"NO podrán callar al periodismo", agregó el también hijo del fallecido héroe nicaragüense y periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

En otro mensaje avisó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, sobre el registro de su vivienda, donde no se encuentra.


"DANIEL ORTEGA ORDENÓ DOS VECES CERRAR REDACCIÓN"

El periodista, que es hermano de la aspirante a la Presidencia por la oposición Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, recordó que "Daniel Ortega ordenó dos veces cerrar la redacción de Confidencial", el periódico digital que él dirige.

Chamorro es director de un grupo de medios de comunicación que se mantienen registrados por la Policía de Nicaragua.

En febrero pasado denunció la confiscación del edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, así como la empresa de consultoría Cabal, propiedad de su esposa, Desirée Elizondo.

En el edificio, que estuvo ocupado por la policía desde el 13 de diciembre de 2018 en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de ese año, el Ministerio de Salud inauguró una Casa Materna, que según Confidencial, no funciona sino que sigue ocupada por oficiales y vigilantes.

El 20 de mayo pasado, la Policía allanó el estudio audiovisual del programa Esta Semana y Esta Noche, y la redacción de Confidencial, que funcionaban en un edificio de oficinas al sur de Managua, y que Chamorro rentaba.

El periodista, que estuvo exiliado en Costa Rica por 11 meses en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, calificó entonces ese nuevo allanamiento policial, sin orden judicial, como otro intento de acallar sus voces y la del periodismo nacional.

Las detenciones de opositores se dan a menos de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección. 


MALAS PRÁCTICAS CONTRA OPOSITORES DETENIDOS

Organizaciones y familiares de al menos dos aspirantes denunciaron este martes que la Policía realiza acciones que atentan contra su salud.

Mientras la Unidad Nacional Azul y Blanco afirmó que los agentes pidieron medicamentos para su precandidato presidencial, Félix Maradiaga, que no eran recomendados por su médico, los familiares de Juan Sebastián Chamorro, aspirante por la Alianza Ciudadana, indicaron que sus condiciones de alimentación son inciertas.

“Estamos profundamente preocupados porque las autoridades de El Chipote (cárcel de la Policía Nacional) mandaron a pedir medicamentos para Félix Maradiaga que podrían poner en riesgo su salud, ya que estos no son medicamentos aprobados por su médico personal”, informó la Unidad Nacional, en un comunicado.

Por su parte, la hermana de Juan Sebastián Chamorro, Ana María Chamorro, dijo tener incertidumbre por la alimentación del precandidato incluso cuando este no tiene padecimientos crónicos.

“El problema es con la comida, que de repente te dicen que solo van a recibir agua, otro día te piden que les lleves desayuno, almuerzo y cena, o que ellos les están dando todos los tres tiempos, nos tienen que no sabemos si están comiendo y qué están comiendo”, dijo.

Uno de los casos más graves es el del exvicecanciller José Pallais, de 67 años, cuya esposa, Jilma Herdocia, ha dicho que teme por su vida, ya que sufre de problemas en el corazón, es hipertenso, tiene diabetes, glaucoma, apnea del sueño, padecimientos en la columna, “y otros males”, que hasta ahora no se sabe si están siendo tratados en prisión.

Las organizaciones y familiares de los aspirantes presidenciales presos han coincidido en que las autoridades policiales y judiciales se niegan a brindar información sobre los reos o a dar lugar a recursos de exhibición para saber sus condiciones de salud.

Desde que fueron capturados, cuatro de los cinco aspirantes permanecen en la cárcel conocida como “El Chipote”, denunciada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como “centro de tortura” de la Policía nicaragüense.


ACV


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