SANTIAGO.- Distintas organizaciones sociales pidieron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue y juzgue al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
Los actos que se denuncian fueron "ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento", lo que los hace, por tanto, "constitutivos de crímenes de lesa humanidad".
El recurso, que también señala a los colaboradores "civiles y militares" de Piñera, fue enviado a La Haya por el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).
LAS PROTESTAS
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973 - 1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio de los boletos del metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
Las manifestaciones dejaron episodios de violencia con incendios y saqueos. Se reportaron unos 22 muertos y más de dos mil 300 heridos, entre ellos, unas 230 personas que quedaron ciegas tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas.
Estos episodios llevaron a señalamientos por parte de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
EL CASO
Según los denunciantes, los crímenes cometidos son "fraudulentamente" calificados en Chile como delitos comunes "con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la CPI y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad".
La investigación de los abusos, agregó el texto, ha sufrido "demoras injustificadas" y las actuaciones tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial "no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de igualdad ante la ley".
Además, los denunciantes insisten en "el elevado número de víctimas y el impacto que estas violaciones tienen en la población chilena y en la opinión pública internacional son de una gravedad tal, que se hace necesario abrir investigaciones por parte de la Corte".
LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
Piñera, un empresario multimilonario que accedió al cargo en marzo de 2018 para un segundo periodo no consecutivo, ha negado que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas y en los primeros meses del estallido social se refirió a los abusos policiales como "casos aislados".
Distintas voces del Gobierno han reconocido en este tiempo que las fuerzas policiales cometieron violaciones de derechos humanos en las manifestaciones, tal y como afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, en una entrevista con Efe el pasado diciembre.
El mandatario conservador sí se comprometió, sin embargo, a reformar el cuerpo policial de Carabineros, el más señalado durante las marchas y cuyo director general dimitió tras varios incidentes, y al menos dos de sus ministros de Interior fueron suspendidos por el Parlamento.
ACV