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DACA: de promesa de campaña a pesadilla

La eliminación del programa DACA fue una decisión presente desde la campaña del presidente Donald Trump
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En colaboración especial para LA SILLA ROTA, Alicia Fuentes hace un recuento histórico del programa DACA, desde de los inicios de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta la cancelación de este, sus implicaciones y consecuencias. 

El 16 junio de 2015 ante seguidores y escépticos, el entonces magnate estadounidense Donald J. Trump anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos utilizando como slogan de campaña "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo", lema que le permitió articular su visión del país con una serie de compromisos políticos que, entre muchos otros, incluían medidas radicales respecto a la inmigración. A partir de ese momento los principales medios de comunicación comenzaron a dar puntual seguimiento a los pasos del que se convertiría en el 45º presidente de los Estados Unidos.

Durante su primer discurso como presidente ante el Congreso de los Estados Unidos el 28 de febrero de 2017, Trump refrendó sus promesas de campaña. Ofreció al pueblo estadounidense hacer cumplir las leyes de inmigración y restaurar el imperio de la ley en las fronteras, para lo cual, afirmó que "tan pronto como fuera posible comenzaría la construcción de una gran muralla a lo largo de la frontera sur que se erigiría como un arma eficaz contra las drogas y el crimen". En ese momento, el mundo entero se preguntaba si el presidente podría cumplir sus principales promesas de campaña con los costos políticos que traería aparejada su implementación.

Una de sus promesas más controvertidas por el impacto directo que tendría sobre un grupo específico de la población, era la relacionada con la cancelación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).


En abril de 2017, el Council on Foreing Relations y Foreign Affairs proporcionaron elementos para analizar la política exterior de la nueva administración estadounidense. En particular, señalaban que las políticas de inmigración y control fronterizo podrían disuadir a estudiantes extranjeros brillantes de estudiar y trabajar en los Estados Unidos, y adelantaban el impacto negativo que estas medidas tendrían en la educación superior y para "la grandeza" de ese país.

El 5 de septiembre pasado, con el anuncio del Procurador General estadounidense, Jeff Sessions, sobre la cancelación del programa DACA, uno de los elementos más cuestionables de la anunciada nueva política en materia de inmigración se convertía en realidad. Ya no se trata de una disuasión a estudiantes extranjeros brillantes, sino de la inminente deportación masiva de 762,562 jóvenes que habían logrado salir de las sombras para regularizar su situación migratoria y laboral, gracias al programa establecido mediante una acción ejecutiva durante la administración Obama en 15 de junio de 2012, y que según Sessions su implementación fue anticonstitucional, aunado a que, desde su punto de vista, las autoridades estadounidenses no pueden admitir a todos los que quieran ir a Estados Unidos.

Si bien se han escuchado protestas alrededor del mundo por esta lamentable y tan anunciada decisión, poco han hecho, o pueden hacer, los gobiernos de otros países para apoyar a sus nacionales que se encuentran en esta situación. De acuerdo con información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, México encabeza la lista de

países con el mayor número de beneficiarios del DACA con 618,342 jóvenes, seguido de muy lejos por El Salvador con 28,371, y Guatemala con 19,792. A la fecha las autoridades de estas tres naciones solo han lamentado la cancelación del DACA sin que hayan presentado una propuesta real para ayudar a los jóvenes susceptibles a ser deportados.

Paradójicamente, es al interior de Estados Unidos dónde se ha encontrado un apoyo contundente a los llamados "dreamers". Desde empleadores hasta gobernadores han defendido la permanencia del programa, toda vez que representa productividad para los primeros e ingresos fiscales para los segundos. En este sentido, la Brookings Institution recientemente señaló el alto coste de la derogación del DACA, pues según la información de que disponen, más del 90% de estos jóvenes están empleados y generan ingresos fiscales a nivel federal, estatal y local de hasta 2 mil millones de dólares anuales. A esta reducción en las contribuciones se añaden los casi 10 mil millones de dólares que le costaría a Inmigración y Aduanas (ICE) deportar a los aproximadamente 800,000 afectados.

Aunado a dicho apoyo, un grupo de senadores demócratas y republicanos presentaron en junio pasado un proyecto de Ley al Congreso que podría dar a los dreamers la oportunidad de permanecer legalmente en los Estados Unidos. El proyecto establece, entre otras cosas, requisitos educativos y de trabajo específicos, así como no tener antecedentes delictivos, para beneficiarse de él. Por ahora la situación migratoria de los casi 800 mil estudiantes inmigrantes está en manos del Congreso estadounidense.

Una preocupación muy importante en este momento es que, pese a que por ahora el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense no tiene entre sus prioridades perseguir a los estudiantes inmigrantes, la información proporcionada por éstos al momento de solicitar ser beneficiados del DACA sea compartida con otras áreas del Departamento de Seguridad Interior con instrucción expresa de ubicarlos y deportarlos.

Desde junio de 2015 hasta su primer discurso en 2017 como presidente de Estados Unidos, Trump ha prometido y anunciado muchas medidas en todos los ámbitos. El diario The Washinton Post registró 76, la mayoría de ellas extremas: deportar a todos los inmigrantes ilegales, cesar la ciudadanía por derecho de nacimiento y construir un muro en la frontera entre los Estados Unidos y México, entre otras. Muchas de las iniciativas requieren más allá de un decreto presidencial para su ejecución y es en esos casos que el poder legislativo se puede convertir en un contrapeso importante, siempre y cuando Demócratas y Republicanos por fin sean capaces de ponerse de acuerdo en materia de migración.


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