BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó este martes por primera vez en el banquillo de los acusados para ser juzgada por presunta corrupción durante su mandato, casi tres años y medio después de dejar el poder y en pleno clima electoral por su reciente candidatura a la Vicepresidencia.
Poco antes del mediodía, y escoltada por un amplio dispositivo de seguridad, la jefa de Estado entre 2007 y 2015 llegó a los tribunales federales de Buenos Aires para participar de la apertura de un proceso que se alargará alrededor de un año con 13 imputados en la mira, como su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez.
También el exsecretario de Obras Públicas José López -detenido desde que en 2016 fue sorprendido ''in fraganti'' cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento-, aunque estuvo apartado de los otros acusados por ser "imputado arrepentido" en otra investigación.
La causa se centra en las presuntas concesiones irregulares de 52 obras públicas viales, por unos 46,000 millones de pesos (unos 1,000 millones de dólares), al grupo Austral, propiedad de Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y en prisión por presunto lavado de dinero desde 2016.
El juicio -que contará con unos 160 testigos- cobra especial relevancia al comenzar apenas tres días después de que Fernández, actual senadora, anunciara su candidatura a la Vicepresidencia del país, con quien fuera su jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente, de cara a las elecciones de octubre próximo.
La Fiscalía apunta a que tanto Kirchner como su viuda fueron "jefes" de una "asociación delictiva" destinada a apoderarse "de millonarios fondos públicos".
"Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro nacional y convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad", leyó el secretario del tribunal.
De ese modo, el Ministerio Público sostiene que se creó una "maquinaria eficaz en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanente para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Báez".
Una vez transferidos esos fondos al constructor, según la acusación, una porción de ese dinero atravesaría el "camino inverso" en favor de Néstor y Cristina Kirchner a través de maniobras como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades inmobiliarias del matrimonio presidencial al propio constructor.
Si bien Fernández no habló públicamente, y solo se la vio sentada junto a su abogado Carlos Beraldi atender a la audiencia -a veces riendo y mirando el teléfono móvil-, horas antes de la sesión afirmó en Twitter que el juicio es un "nuevo acto de persecución" con el que se busca montar una "cortina de humo" para "distraer" de la crisis económica del país, al tiempo que negó los cargos.
En su opinión, el "único objetivo" era colocarla en el banquillo de los acusados "en plena campaña presidencial", algo que posteriormente fue negado con rotundidad por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
"Lo que dice Cristina Fernández no es cierto, ella forma parte de un proceso que empezó y llega a una etapa que tiene la posibilidad de defensa, el fiscal deberá probar que las personas acusadas cometieron delitos, con todos jueces designados durante de su gestión", dijo Garavano en declaraciones radiofónicas.
Aunque el caso se inició en 2008 a raíz de una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, tomó impulso en 2016 después de que la Dirección de Vialidad Nacional del Gobierno de Mauricio Macri denunciara que se encontraron una "maquinaria" que establecía sobreprecios del 50 % de media durante el kirchnerismo.
La expectación por ver a la ex jefa de Estado sentada en los tribunales se hizo patente en el gran volumen de periodistas acreditados y el número de seguidores de Fernández apostados tanto a las puertas de su casa, cuando salió camino de la sede judicial, como en los exteriores de esta, a pesar del cerco de seguridad policial dispuesto en la zona.
Además, este martes lo que acontecía en los juzgados fue uno de los asuntos más comentados en las redes sociales, en las que se libró una particular batalla entre etiquetas como "#LaBandaAJuicio" y "#FuerzaCristina".
La viuda de Kirchner, procesada en una decena de causas y en cinco de ellas con órdenes de detención, no puede ser arrestada por contar con fueros parlamentarios desde que fue elegida en las urnas como senadora en 2017.
¿QUIÉN ES CRISTINA FERNÁNDEZ?
Viuda del expresidente Néstor Kirchner, nació el 19 de febrero de 1953 en La Plata, provincia de Buenos Aires.
Estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, donde conoció a su futuro marido en 1974, y se licenció en 1979.
Afiliada al Partido Justicialista (Peronista), fue elegida en 1989 diputada provincial en Santa Cruz, cargó que dejó seis años después para sentarse en el Senado.
En 1997 se convirtió en diputada nacional y en 2001 regresó al Senado, siendo reelegida en 2005, ya como primera dama, tras asumir Kirchner la Presidencia en mayo de 2003.
En 2007, Fernández se convirtió en presidenta de Argentina y tuvo que lidiar con una elevada inflación, una oleada de protestas y fuertes encontronazos con la patronal agrícola por los impuestos a las exportaciones de granos.
En octubre de 2011 fue reelegida con el 54 % de votos e inició un mandato que estuvo marcado por los enfrentamientos de su ejecutivo con los sindicatos y con algunos sectores periodísticos por la "Ley de Medios".
Durante este segundo mandato también decidió la polémica la expropiación a la española Repsol de sus acciones en la petrolera YPF.
Tras salir de la Casa Rosada, en octubre de 2017 obtuvo el acta de senadora en las legislativas, tomando posesión del escaño en diciembre posterior.
Su regreso a la Cámara Alta le permitió además obtener los fueros necesarios para blindarse ante la Justicia, donde cuenta con varios procesamientos por hechos ocurridos durante su mandato.
El primero de ellos se debió a supuestas irregularidades en contratos de futuros de dólar por parte del Banco Central. Luego le siguieron otros por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública.
A ellos se suman también las investigaciones de sus negocios en la empresa Hotesur, que administra el hotel patagónico Alto Calafate, propiedad de su familia.
También es investigada en una causa por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994, abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir.
El 18 de mayo pasado anunció su candidatura a la vicepresidencia de la nación de cara a las elecciones de octubre. En esta ocasión se postulará como segunda de su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.
La salud de Fernández se ha visto mermada por diferentes causas en estos últimos años. Padece problemas de tensión que periódicamente la obligan a reposar y en enero de 2012 le fue extirpada la glándula tiroidea.
De su matrimonio con el expresidente Kirchner, fallecido en octubre de 2010, tiene dos hijos, Máximo, creador de la agrupación política La Cámpora, y Florencia.
JGM