Durante los reclamos que el gobierno de Felipe Calderón hizo en 2010 sobre la SB1070, una ley de Arizona contra los migrantes indocumentados, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton consideró que era una posición hipócrita ya que México tenía tratos similares en su frontera sur.
"Otro ejemplo de que hay que quitar la viga en el propio ojo antes de criticar la paja en el ajeno", contestó la ahora aspirante presidencial a un correo de su asesor Jacob Sullivan con información de la división de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA) sobre el tratamiento del gobierno mexicano a inmigrantes centroamericanos.
En el correo se puede leer lo que pareciera el extracto de un reporte.
El párrafo escrito por Sullivan indica que "agentes de la ley [policía] mexicanos no pueden detener individos y solicitar prueba de su estatus migratorio. Sin embargo, al igual que en SB1070, durante el curso de un 'contacto' oficial (ej: detenciones de tráfico, investigaciones, persecusiones) [los agentes] están autorizado a solicitar prueba de estatus migratoria. Esto se realiza de forma rutinaria. Frecuentemente, individuos que no puedan ofrecer pruebas son remitidos al INM [Instituto Nacional de Migración] (equivalente federal al CBP)."
A continuación asegura que "en la práctica, autoridades a todos los niveles del GoM [Gobierno de México] se involucran en tratamiento de explotación a migrantes, principalmente centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Estos abusos han sido documentados por grupos internacionales de derechos humanos, así como diversos reportes noticiosos"
El correo es uno de las más de 4 mil comunicaciones que se han hecho públicas después de que se emitiera una orden judicial para que la oficina de Clinton entregara todos los correos que siendo Secretaria de Estado envió desde un servidor privado. Sin embargo, la ex Primera Dama borró al menos la mitad de los 60 mil enviados al considerarlos privados.