Cerca de 150 asesinatos se han registrado entre los pasados miércoles y domingo en el estado brasileño de Ceará (noreste), donde agentes de la Policía Militarizada continúan este lunes amotinados y en huelga para exigir una mejora salarial.
La Secretaría de Seguridad Pública de Ceará informó en su último balance que solo el domingo hubo 25 "crímenes violentos letales" para totalizar 147 en cinco días, pese a la presencia del Ejército en las calles, autorizada desde el jueves por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.
El paro de los policías militarizados, que en Brasil se encargan de patrullar y tienen prohibido declararse en huelga por su estatus de militar, comenzó el pasado martes por la noche y ha sumido a Ceará en una grave crisis de seguridad que ha desembocado en un repunte de los homicidios.
Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y líder de la extrema derecha en Brasil, autorizó el pasado jueves el uso de las Fuerzas Armadas hasta el próximo día 28 con el objetivo de contener la ola de violencia desatada en ese estado brasileño.
Desde entonces, soldados del Ejército, miembros de la Fuerza Nacional, integrado por policías de élite, y agentes de otras instituciones locales velan por la seguridad de los habitantes en Ceará.
Según el Gobierno brasileño, unas 2 mil 800 personas, entre militares y agentes policiales, realizan labores de patrullaje en todo el estado de Ceará.
La huelga de los policías militarizados ha coincidido además con el carnaval, la mayor fiesta de Brasil, lo que ha obligado a cancelar todos los eventos programados en al menos nueve ciudades cearenses.
(Personas detenidas por el Ejército tras saqueos provocados por la huelga de policías)
En paralelo, la Justicia militar ha suspendido, por el momento, a más de 200 policías que decidieron adherirse a la huelga.
Este lunes, el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva; de Justicia, Sergio Moro; y el abogado general del Estado, André Luiz Mendonça, viajaron a Fortaleza, capital de Ceará, para acompañar los trabajos de las Fuerzas Armadas en la región.
Sobrevolaron en un helicóptero la zona y después se reunieron con el gobernador de Ceará, Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores (PT).
Uno de los momentos de más tensión vivido en los últimos días en Ceará fue cuando el senador laborista Cid Gomes recibió dos disparos en el pecho en la ciudad de Sobral.
El parlamentario, del Partido Democrático Laborista (PDT, centroizquierda), fue tiroteado el miércoles pasado mientras conducía una retroexcavadora, con la que intentó romper un bloqueo realizado por supuestos agentes encapuchados a las puertas de un batallón policial.
Recibió el alta médica en la víspera, pese a que nuevos exámenes confirmaron la existencia de dos proyectiles en el interior de su cuerpo, uno al lado de la costilla y otro fragmento en el pulmón izquierdo, frente a lo informado inicialmente.
El equipo médico evaluó no someter al senador a una operación para la retirada de esos proyectiles.
Los policías militarizados tienen prohibido constitucionalmente hacer huelga, una decisión que fue ratificada en 2017 por la Corte Suprema, la máxima corte del país.
En los casos en los quieren hacer oír sus reivindicaciones suelen hacer uso de familiares y amigos.
Brasil vivió un episodio parecido en 2017, cuando los policías militarizados del estado de Espírito Santo (sureste) estuvieron en huelga durante 21 días igualmente para demandar mejores condiciones labores y un aumento salarial.
Entonces, el paro de los agentes provocó también en su primera semana una inusual ola de violencia con cerca de 150 muertos.
(diego joaquín)