La Cámara de Representantes dio este jueves, por 256 votos a favor y 164 en contra, su aprobación para prorrogar otros seis años la carta blanca de que goza la Agencia Nacional de Seguridad para vigilar sospechosos fuera de las fronteras de Estados Unidos.
El aval permite, sin necesidad del permiso de compañías como Google o AT&T, espiar correos electrónicos hasta llamadas de teléfono de extranjeros, incluso si están hablando con un ciudadano norteamericano.
La continuidad de esta medida, creada en 2008 por George Bush y enlistada en la Sección 702 del Acta de Vigilancia Extranjera, ha sido defendida por el presidente Donald Trump y el grueso de republicanos. Para ellos se trata de una necesidad de seguridad nacional, que permite a los servicios de inteligencia tener bajo control a los sospechosos de terrorismo y narcotráfico.
La opacidad de la NSA y sobre todo el carácter indiscriminado de este tipo de controles movió a un grupo de congresistas de ambos partidos a pedir la imposición de límites que garantizasen el respeto a la privacidad. De poco sirvió. La propuesta bipartidista fracasó en la Cámara de Representantes y, nadie duda de que correrá la misma suerte en el Senado.
“Nada se ha hecho para defender a la gran mayoría de los ciudadanos de estas investigaciones sin garantías. Y que nadie se equivoque, con esta prórroga se va a permitir extender la capacidad del Gobierno federal de espiar a los estadounidenses”, afirmó el senador Ron Wyden.
El rechazo contiene una lección amarga para los aliados de Estados Unidos. Tras el escándalo propiciado en 2013 por las revelaciones del antiguo analista de la NSA Edward Snowden, Washington se aprestó a limitar los programas de espionaje creados por una Administración que en 2001 había entrado en pánico tras los atentados del 11-S. Pero el recorte se concentró en los sistemas que afectaban al territorio estadounidense, entre ellos el que permitía almacenar y filtrar secretamente miles de millones de llamadas domésticas.
Los datos recopilados en el extranjero no entraron en este cambio legislativo. Y ello pese a que los papeles de Snowden mostraban que Estados Unidos buscaba en el exterior no sólo atajar riesgos terroristas, sino “obtener ventajas diplomática de países aliados como Alemania o Francia y económico con Japón o Brasil”. Las promesas de Obama de cambiar esta situación quedaron incompletas, y ahora con Trump no han corrido mejor suerte.
Con información de El País