El gobierno estadounidense anunció esta semana el endurecimiento en las deportaciones rápidas con el objetivo de reducir los casos en los que se requiere pasar por los tribunales.
Con las nuevas reglas, cualquier migrante que no tenga documentos y no demuestre que lleva en Estados Unidos dos años ininterrumpidos podrá ser expulsado de forma inmediata.
Antes, estas deportaciones sólo aplicaban en gran medida a las personas arrestadas tras haber cruzado la frontera entre Estados Unidos y México, a personas detenidas a no más de 160 kilómetros de la frontera y que llevaran en el país menos de dos semanas.
Las personas que acreditaban llevar más de dos semanas en el país eran llevadas a tribunales para tramitar su deportación con derecho a un abogado.
Pero la nueva ley, que se comenzó a aplicar desde el martes luego de su publicación en la gaceta oficial, indica que una persona que una persona pueda ser deportada inmediatamente sin que importe el lugar donde se encuentre y sin que sea necesaria la intervención de un representante legal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que esta nueva norma permitirá expulsar más inmigrantes de forma más efectiva.
En tanto, el secretario interino de seguridad nacional, Kevin McAleenan describió la norma como otro esfuerzo de la administración de Trump para abordar una “crisis en curso en la frontera sur”, con la liberación de camas en los centros de detención y reducir el atraso de más de 900 mil casos en tribunales de inmigración.
Medios de comunicación han evidenciado la forma en la que cientos de miles de migrantes esperan resolver sus casos en los centros de detención. Algo que usuarios de redes sociales han comparado hasta con campos de concentración.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) anunció en sus redes sociales que denunciaría la medida ante los tribunales.
Estamos poniendo una demanda para frenar inmediatamente los esfuerzos de Trump de expandir la expulsión expedita de inmigrantes. (…) El plan es ilegal, punto”, tuiteó la ACLU.
Quienes se oponen a la medida aseguran que el impacto de esta nueva ley podría ser mayor al esperado pues muchas personas podrían ser incapaces de demostrar que han estado en EU por más de dos años.
Ampliar el procedimiento de vía rápida para aplicar en cualquier lugar de los EE. UU. Es una receta para destrozar a miles de familias más y devastar a las comunidades", afirmó Grace Meng, directora adjunta en funciones de Human Rights Watch en EU. "Este es un cambio masivo y peligroso".
(Con información de BBC y The Guardian)
cmo