El acuerdo sobre los términos de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), proceso mejor conocido como Brexit, fue aprobado este jueves en la Cámara de los Comunes con 330 votos a favor y 231 en contra.
La mayoría absoluta del Gobierno del primer ministro, el conservador Boris Johnson, se impuso, como se esperaba, en la Cámara Baja.
Por ello, en La Silla Rota te presentamos los puntos que hay que entender sobre los pasos que siguen en este proceso:
NEGOCIACIÓN CONTRARRELOJ
Una vez el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), el próximo día 31, comenzará oficialmente una negociación contrarreloj de once meses para forjar un nuevo tratado que evite un escenario similar a un "brexit" sin acuerdo al término de este año.
Dicho periodo de transición, en que los británicos seguirán beneficiándose con las normas de la UE, culmina el 31 de diciembre de 2020. En adición, la ciudadanía de Reino Unido deberá seguir su contribución financiera pese a no poder participar dentro de las instituciones y procesos del bloque comunitario.
Desde el próximo día 31 hasta fin de año, estarán sobre la mesa no solo el intercambio de mercancías y los arreglos arancelarios, sino también otras cuestiones clave como el acceso a servicios financieros, derechos de aviación y asuntos de seguridad compartida.
"La Unión Europea mantiene un superávit comercial en cuanto a bienes. El Reino Unido podría utilizar esa palanca para intentar lograr un mejor acceso (al mercado único) para sus servicios", indicó a la agencia Efe Catherine Barnard, profesora de Derecho Comunitario en la Universidad de Cambridge.
Según el acuerdo aprobado este jueves 9, el periodo de transición puede extenderse, en caso de haber común acuerdo, hasta finales de 2022.
Pese al escepticismo en Bruselas sobre la posibilidad de llegar a un amplio pacto en el corto plazo que está disponible a priori, Johnson asegura que no tiene intención de solicitar una prórroga.
En este sentido, se espera que los ritmos de la negociación durante 2020 estén marcados por las posiciones que adopten el Gobierno británico y la Comisión Europea (CE), así como por la unidad que muestren los 27 socios comunitarios restantes.
COMPETIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES
El mercado único europeo funciona en base a una serie de normas y estándares diseñados para asegurar que las empresas operan en un ambiente similar en cualquiera de los Estados del bloque, denominado "level playing field" -algo así como "campo de juego en igualdad de condiciones"-.
El grado de divergencia del Reino Unido respecto a ese libro de reglas será uno de los principales caballos de batalla de las negociaciones.
La UE quiere "garantías suficientes" de que se mantendrá esa igualdad de condiciones para firmar un acuerdo comercial "ambicioso y amplio", según ha expresado en sus directrices negociadoras preliminares, mientras que Johnson ya ha avanzado su intención de que Londres deje de estar alineado con los estándares comunitarios.
Los países del bloque están especialmente preocupados ante la posibilidad de que el Reino Unido establezca una política más agresiva de ayudas a las empresas y relaje sus normas sobre competencia.
También existe temor a que el Gobierno británico, una vez desatado de las restricciones europeas, reduzca el impuesto de sociedades para impulsar la competitividad de sus compañías.
La UE aspira asimismo a obtener garantías de que el Reino Unido continuará cumpliendo con los estándares medioambientales que rigen en el resto de países europeos.
INTERESES NACIONALES
Cada miembro de la UE tratará de presionar para cumplir sus objetivos particulares. Alemania y Polonia estarán interesadas en facilitar el comercio en el sector de la automoción, mientras que países como Francia y España pondrán el acento en la agricultura y la pesca, entre otros aspectos.
"A España le interesa que la agricultura esté lo más abierta posible a los intercambios. Eso requiere algún tipo de alineamiento en cuanto a normas sanitarias y fitosanitarias", indicó a Efe Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano.
El Banco Santander y el Sabadell mantienen intereses en el Reino Unido, un argumento de peso para que Madrid sea partidaria de mantener con los menores cambios posibles el actual acceso a los servicios financieros entre ambos lados del canal de la Mancha.
El turismo británico es también especialmente relevante para España, que previsiblemente querrá ir "más allá" de un acuerdo elemental que se limite a asegurar la entrada de visitantes del Reino Unido, sostuvo Steinberg.
"Cabe la posibilidad de que, una vez esté firmado un acuerdo básico, se haga después algún tipo de pacto bilateral que favorezca al turismo", señaló el investigador.
La negociación puede ser asimismo la ocasión para que algunos países pongan en juego cuestiones más amplias. España, por ejemplo, puede poner sobre la mesa el estatus de Gibraltar, territorio al sur de la península ibérica administrado por el Reino Unido.
"Si el Reino Unido sale de la Unión y opta por no mantenerse en el mercado interior, el modelo económico de Gibraltar, tal como está planteado, no es viable", afirmó Steinberg, que consideró que "a España se le presentan algunas oportunidades interesantes" en ese terreno.
ACUERDO LIMITADO
Ante la complejidad de los objetivos y el estrecho margen de tiempo, existe la posibilidad de que ambos equipos negociadores decidan limitar en una primera fase el diálogo a aquellas cuestiones que son competencia exclusiva de las instituciones comunitarias.
Con esa estrategia, no se requeriría el asentimiento de los parlamentos nacionales, lo que aceleraría un eventual proceso de ratificación.
Entre los asuntos que pueden ser gestionados directamente por la CE y el Parlamento Europeo se incluyen cuestiones aduaneras, normas de competencia, políticas monetarias y acceso a servicios financieros, entre otras cuestiones.
Quedarían fuera, sin embargo, aspectos como la libre circulación de datos, clave para ciertas cuestiones de seguridad, esgrimió Barnard.
Aunque un "acuerdo mixto", que incluya competencias nacionales, sería más completo, presenta dificultades específicas para lograr su aprobación en pocos meses.
"Por ejemplo, quizás existe alguna dificultad entre partidos nacionales que no tiene nada que ver con el 'brexit', pero que empuja a una formación minoritaria a bloquear el acuerdo comercial para tratar de lograr sus intereses", señaló Barnard.
"También puede ocurrir que un parlamento como el español esté preocupado por cuestiones como la de Gibraltar y utilice el proceso de ratificación como una vía para intentar expresar sus inquietudes en ese sentido", agregó la experta de la Universidad de Cambridge.
LA CIUDADANÍA
En cuanto a los derechos de los 3.2 millones de europeos que viven en el Reino Unido y los 1.2 millones de británicos residentes en el continente podrán continuar sus actividades académicas, laborales y de beneficio a través de subsidios. La forma en que visitan a sus familias ocurrirá como hasta ahora.
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IRLANDA DEL NORTE
En cuanto a Irlanda del Norte, esta provincia británica seguirá perteneciendo al territorio aduanero del Reino Unido, sin dejar de cumplir con las regulaciones del mercado único europeo.
Ello, con el fin de mantener abierta la frontera terrestre con la República de Irlanda, la cual seguirá siendo un miembro de la Unión Europea.
Esta distribución hará que Inglaterra e Irlanda del Norte fijen controles reglamentarios en la materia, lo cual es considerado por el partido norirlandés DUP como un ataque a la integridad del Reino Unido.
En concreto, se manifiestan en contra de las disposiciones de que ante la entrada de productos de un tercer país a Irlanda del Norte, dependerá del destino que tengas (Reino Unido o el resto de la UE) la aplicación de los aranceles respectivos.
En tanto, la asamblea regional de esta provincia británica tiene tiene en sus manos la aplicación a largo plazo de las reglas europeas en su territorio.
Este mecanismo de "consentimiento" debería ser aprobado por mayoría simple durante el periodo de transición si quiere aplicar estas disposiciones a partir del 1 de enero de 2021 y confirmarlo cada cuatro años.
En caso de decidir abandonar la reglamentación de la UE, el protocolo dejará de aplicarse dos años más tarde.
(diego joaquín)