Este lunes el Tribunal Supremo español (TS) decidió dictar una nueva orden europea de detención y entrega del expresidente catalán independentista Carles Puigdemont, huido a Bélgica y declarado en rebeldía en España, luego de la sentencia por sedición pronunciada a nueve líderes soberanistas catalanes, que tendrán que cumplir penas de entre 9 y 13 años de prisión por el proceso independentista de 2017.
En concreto, la sentencia refiere a la organización del referéndum ilegal de "autodeterminación" del 1 de octubre de hace dos años y la posterior declaración parlamentaria unilateral de independencia, el 27 de ese mes.
ENFRENTAMIENTOS EN EL AEROPUERTO
La sentencia a los líderes independentistas provocó que miles de simpatizantes catalanes colapsaran el aeropuerto de Barcelona en protestas.
Además, cientos de manifestantes se congregaron en la céntrica plaza de Sant Jaume (que aglutina la sede del gobierno regional y el Ayuntamiento) y en los centros neurálgicos de otras ciudades catalanas.
A pie, por carretera, en metro y en tren, miles de manifestantes siguieron las directrices de la plataforma "Tsunami democràtic" ("Tsunami democrático"), que llamó desde el conocimiento de la sentencia a acudir "de inmediato y por todas las vías posibles" a colapsar el aeropuerto barcelonés.
Los agentes de la policía regional catalana (Mossos d''Esquadra) cargaron en varias ocasiones y dispararon proyectiles de espuma contra los manifestantes, algunos de los cuales replicaron con los extintores y las mangueras de extinción de incendios del aeropuerto.
El colapso de El Prat a causa de las protestas obligó a cancelar a 108 vuelos durante la jornada del lunes 14 y al menos otros veinte para este martes.
Los accesos a las terminales vivieron a lo largo del día momentos de tensión, como cuando los agentes de la policía regional catalana cargaron contra parte de los manifestantes congregados frente a la puerta de llegadas.
En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat continúan los enfrentamientos violentos entre manifestantes y Mossos d'Esquadra (la Policía de Cataluña). pic.twitter.com/HABDFhbbNS— RT en Español (@ActualidadRT) October 14, 2019
Miles de personas han escuchado el llamamiento del movimiento Tsunami Democràtic y han colapsado el aeropuerto de Barcelona (Cataluña, España) https://t.co/R6rNXwNrNi pic.twitter.com/B6uGvz82qq— RT en Español (@ActualidadRT) October 15, 2019
Además, agentes de la Policía Nacional española realizaron cargas durante la noche contra grupos de manifestantes que se habían concentrado frente a la Jefatura Superior de Policía en la céntrica Vía Laietana de Barcelona.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a lo largo del día a 56 personas, 37 de ellas en el aeropuerto, todas ellas con lesiones de carácter leve.
Las protestas de los colectivos independentistas contra la sentencia también afectó a otros lugares de Cataluña, donde los manifestantes cortaron vías férreas. En la ciudad de Tarragona la concentración alcanzó 6 mil personas, según la policía local.
Además, a lo largo de la jornada se produjeron cortes de carreteras por todo el territorio catalán, incluso brevemente en un punto de la autopista AP-7, una de las más importantes de España.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Toda la clase política reaccionó a la sentencia, desde el Gobierno español, con su presidente socialista Pedro Sánchez, quien defendió su "cumplimiento íntegro", hasta la petición de "amnistía" del jefe del Ejecutivo regional catalán, el independentista Quim Torra.
En una comparecencia ante los medios, en español y en inglés, Sánchez consideró la sentencia como un "fracaso" del independentismo y apostó por una nueva etapa de diálogo dentro de la ley.
Pedro Sánchez avisó que su Ejecutivo se mantendrá "atento" a las respuestas a la sentencia, garantizará la "convivencia y la seguridad" y tomarás las medidas que sean necesarias si se vuelve a incumplir la ley.
Por su parte, Torra calificó de "injusta y antidemocrática" esta sentencia y exigió el "fin de la represión y la libertad de presos políticos y exiliados", incluida la "amnistía como punto final" para los "represaliados".
LA RESPUESTA INDEPENDENTISTA
En Cataluña, los dirigentes independentistas criticaron la sentencia.
"La democracia ha muerto en el Estado" y la sentencia supone "la mayor agresión" a Cataluña desde el juicio al expresidente catalán Lluis Companys, fusilado en 1940 durante el régimen del dictador Francisco Franco, según recalcaron la secretaria general adjunta del partido independentista republicano ERC, Marta Vilalta, y su portavoz en el Congreso español, Gabriel Rufián.
Rufián llamó a responder en la calle, de forma pacífica y cívica, pero también en las urnas, en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.
Desde Bruselas, el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, consideró que la sentencia confirma la estrategia de "represión y venganza" contra el independentismo catalán.
CALMA EN EL AEROPUERTO
El aeropuerto de Barcelona comenzó este martes el lento retorno a la normalidad después del bloqueo parcial que sufrió ayer.
Varios centenares de personas pasaron de noche en las instalaciones durmiendo en sillas o en el suelo de la Terminal 1 ante la imposibilidad de volar.
Las protestas de ayer terminaron con 131 heridos, 115 de ellas en el aeropuerto, y 27 fueron trasladados a hospitales.
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, declaró este martes que la actuación de la Policía regional catalana y las fuerzas de seguridad del Estado se desarrolló con "proporcionalidad, profesionalidad y eficacia" para restablecer el orden y la seguridad en Cataluña.
En otras infraestructuras, continúa habiendo algunos problemas en varias vías férreas debido a daños y sabotajes en algunas instalaciones.
Mientras tanto, el Gobierno regional catalán tiene previsto celebrar hoy una reunión extraordinaria para acordar una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que acordó penas de entre 9 y 13 años de cárcel para nueve líderes del ilegal intento independentista catalán de 2017.
NIEGAN ACCESO A PUIGDEMONT
El Parlamento Europeo (PE) ha reactivado la prohibición total de acceso a sus edificios al expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, después de que la Justicia española cursara este lunes una nueva orden europea de detención y entrega en su contra.
Así se lo confirmaron a Efe fuentes parlamentarias, que señalaron que la decisión se enmarca en "la cooperación entre Estados miembros e instituciones europeas".
Se trata de una decisión idéntica a la que tomó la Eurocámara en noviembre de 2017 cuando se estaba tramitando la primera euroorden contra el expresidente del gobierno regional catalán, que había huido a Bélgica a finales de octubre de ese año poco después del proceso ilegal de independencia.
Puigdemont, que fue elegido eurodiputado en las pasadas elecciones europeas pero nunca pudo recoger el acta al impedírselo el Supremo, accedió al Parlamento Europeo por primera vez en marzo de este año para participar en la inauguración de una exposición sobre la lengua catalana organizada en la Eurocámara, en calidad de invitado del entonces eurodiputado Ramón Tremosa (PDeCAT).
No pudo, sin embargo, acceder a la sede de la institución en Bruselas a finales del pasado mayo para iniciar los trámites para acreditarse como eurodiputado, ya que la Eurocámara supedita el pase provisional para hacerlo a la recepción de las notificaciones oficiales de las autoridades nacionales conteniendo la lista oficial de diputados, en la que no figuraba.
djh