La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado enérgicamente la desaparición forzada y posterior detención arbitraria de varios periodistas venezolanos, subrayando un contexto de creciente represión contra la prensa independiente en el país.
La organización ha exigido la liberación inmediata de Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos y su esposo, el camarógrafo Gianni González, quienes fueron privados de libertad por ejercer su labor informativa.
El caso de Carlos Marcano
Carlos Marcano, periodista, profesor universitario y colaborador de organizaciones civiles, fue detenido el 23 de mayo de 2025 tras un allanamiento sin orden judicial en su residencia en Caracas. Su paradero fue desconocido durante 13 días. Aunque posteriormente se supo que fue trasladado al penal de Tocuyito, sus familiares denunciaron el 7 de junio que continuaba desaparecido.
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Organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) han denunciado su detención como una grave violación de derechos humanos.
Marcano, de 30 años, fue acusado públicamente por Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, durante su programa de televisión “Con el mazo dando”. En dicho programa, Cabello lo vinculó con un supuesto plan para generar violencia durante las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, mostrando una fotografía del comunicador y señalándolo sin que mediara una acusación formal ni un proceso judicial previo.
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La detención de Nakary Mena Ramos y Gianni González
La periodista Nakary Mena Ramos fue detenida el 8 de abril de 2025 junto con su esposo, el camarógrafo Gianni González, según informó la organización de derechos humanos Espacio Público. Su detención ocurrió tras publicar un reportaje sobre criminalidad en Caracas.
Permanecieron desaparecidos más de 48 horas. Posteriormente, fueron imputados por “instigación al odio” y “publicación de información falsa”. Mena fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y su esposo a El Rodeo II.
El reportaje que originó su detención contenía testimonios de ciudadanos que relataban un aumento de la inseguridad en zonas populares de Caracas, información que contrasta con la narrativa oficial. Tras la difusión del reportaje, el portal Impacto Venezuela lo eliminó de sus plataformas.
Criminalización del periodismo crítico
Diversas organizaciones, incluyendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), han destacado que los delitos imputados a Mena y su esposo carecen de sustento legal y buscan criminalizar el trabajo informativo.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las figuras penales empleadas en este caso no cumplen con estándares internacionales y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, afirmó que “La criminalización del periodismo crítico y el uso de figuras penales ambiguas como la instigación al odio son parte de un patrón sistemático de persecución contra quienes informan con independencia”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que “Estos casos reflejan cómo se utiliza la justicia como instrumento de censura”. Ambas voces han instado a Venezuela a cesar estas prácticas represivas y cumplir con los estándares internacionales.
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Periodistas detenidos en Venezuela
El Colegio de Periodistas de Venezuela registra 16 periodistas y reporteros detenidos desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP reportó en Venezuela un “desempeño amplio en arbitrariedades estatales en contra de la expresión ciudadana, y un funcionamiento de la prensa limitado por cierres, medidas administrativas y periodistas detenidos por razones políticas”.
El país se ubicó en el puesto 21 de 22 países analizados en este estudio sobre libertades de expresión y de prensa.
VGB