El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró en una reunión de gabinete que están "buscando activamente que otros países acojan gente” (inmigrantes), bajo el argumento de que: "Queremos enviarte a algunos de los seres humanos más despreciables a tu país".
Rubio recalcó que se trata de un favor que estarían pidiendo a otros países, especialmente a aquellos que queden más lejos de Estados Unidos, ya que, “cuanto más lejos, mejor, para que no puedan cruzar la frontera de regreso".
Esta búsqueda de países receptores para deportados parece estar directamente relacionada con el intento reciente del gobierno de Donald Trump de llevar a cabo una ola de deportaciones masivas a terceros países, es decir, países distintos a los de origen de los inmigrantes.
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Recientemente, según informes y testimonios de abogados, un grupo de inmigrantes, en su mayoría de países asiáticos (incluyendo personas de Filipinas, Vietnam, Laos) y también de México, estuvieron a punto de ser enviados a Libia.
Frenan deportaciones a Libia
Un grupo de inmigrantes asiáticos y mexicanos estuvo a punto de ser deportado a Libia, pero la orden de un juez impidió que fueran enviados a un país del que no saben nada y en el que se denuncia existen violaciones a los derechos humanos.
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De acuerdo con el testimonio de los inmigrantes y sus abogados, fueron despertados por guardias armados con equipo táctico, subidos a un autobús y llevados a una base militar en Texas, donde esperaron durante horas frente a un avión militar, en el que serían enviados a Libia.
Tras horas de espera en el autobús frente al avión, el vuelo de deportación nunca despegó. Los inmigrantes se enteraron más tarde de que sus abogados habían presentado una moción de emergencia. Un juez federal hizo cumplir una orden anterior ese mismo día, deteniendo las deportaciones a terceros países.
Los detenidos fueron eventualmente llevados de regreso al centro de detención y, a la mañana siguiente, liberados de vuelta a la población general de la institución.
Abusos contra los inmigrantes
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían informado días antes a un inmigrante filipino que sería enviado a ese país. Tuvo solo unos minutos para recoger sus pertenencias antes de ser procesado, esposado y trasladado al autobús.
Otro inmigrante vietnamita declaró que se les había amenazado previamente con la deportación a Libia. En un momento dado, se les ordenó firmar un documento aceptando ser deportados a ese país.
El abogado Tin Nguyen dijo que su cliente no sabía leer inglés y el documento no fue traducido ni se le proporcionó un intérprete, por lo que se negó a firmar. No obstante, La moción de emergencia presentada por los abogados indicaba que quienes se negaban a firmar eran puestos en habitaciones separadas, "esposados" y obligados a firmar.
La semana anterior, un juez había concedido una orden judicial preliminar dictaminando que la administración Trump debía garantizar el debido proceso antes de expulsar a no ciudadanos a un tercer país.
Temen ser deportados a un país que no conocen
Abogados como Tin Nguyen señalaron que, aunque la deportación se detuvo esta vez, muchos inmigrantes siguen preocupados por la posibilidad de ser enviados a un país que no les es familiar.
Mencionó que destinos como "Libia, El Salvador o Ruanda… es muy aterrador para la gente" porque no saben nada sobre ellos y lo que han oído es "aterrador".
Algunos inmigrantes buscan acelerar su regreso a sus países de origen, como Vietnam, en lugar de ser enviados a un tercer país desconocido.
Libia es denunciado por su trato a los migrantes
La preocupación es especialmente aguda con respecto a Libia. Libia ha sido criticada durante mucho tiempo por su trato a los migrantes. Un informe de 2023 de la Misión Independiente de Investigación sobre Libia de la ONU concluyó que era probable que se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad contra libios y migrantes en todo el país.
El informe documentó ejemplos de "detención arbitraria, asesinato, tortura, violación, esclavitud, esclavitud sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, lo que confirma su práctica generalizada en Libia".
Incluso el sitio web del Departamento de Estado de EU advierte contra viajar a Libia, clasificándolo en el nivel de asesoramiento más alto (Nivel 4) debido a una "mayor probabilidad de riesgos que amenacen la vida".
Libia niega acuerdo con EU para recibir migrantes
La idea de enviar inmigrantes a un país con tales condiciones de seguridad y derechos humanos ha generado fuertes reacciones negativas de defensores de la inmigración y ayuda humanitaria.
Además, el Gobierno provisional de Unidad Nacional de Libia ha negado categóricamente cualquier acuerdo o coordinación con Estados Unidos para recibir migrantes deportados sin su conocimiento o consentimiento.
"El Gobierno niega categóricamente la existencia de cualquier acuerdo o coordinación con él respecto a la recepción de cualquier migrante deportado desde Estados Unidos", indicaron.
Abogados como Johnny Sinodis han criticado el proceso, calificándolo de preocupante desde el punto de vista legal e ineficiente, especialmente considerando el costo y la falta de sentido de enviar, por ejemplo, a un inmigrante mexicano tan lejos cuando podría ser llevado a México.
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La declaración de Rubio parece encajar en esta estrategia de buscar países lejanos para recibir a personas a las que se refirió con términos despectivos, aunque el intento específico hacia Libia fracasara debido a la intervención judicial.
Deportaciones masivas de Donald Trump
Contexto: en enero de 2025, tras su regreso a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump implementó una política de deportaciones masivas centrada en la expulsión acelerada de inmigrantes indocumentados.
Retomando y ampliando medidas aplicadas durante su primer mandato, la nueva administración reforzó la cooperación con agencias como ICE (Immigration and Customs Enforcement) y CBP (Customs and Border Protection), incrementando operativos en ciudades santuario y zonas fronterizas.
Se priorizó la deportación de personas con antecedentes penales, aunque también se reportaron arrestos y expulsiones de individuos sin historial delictivo. El gobierno impulsó cambios normativos para agilizar procesos de detención y deportación, reduciendo garantías legales para los migrantes.
Estas acciones generaron reacciones diversas: por un lado tuvo el apoyo de sectores conservadores y republicanos que ven la medida como un fortalecimiento de la seguridad nacional, por el otro, críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos latinoamericanos, que denunciaron violaciones a derechos fundamentales y separaciones familiares.
La política también tensó relaciones diplomáticas con países emisores de migrantes y provocó protestas en varias ciudades estadounidenses. Aunque el gobierno justificó las medidas como parte de su estrategia para controlar la inmigración ilegal, el impacto humanitario y social ha sido objeto de amplio debate nacional e internacional.