El periódico nicaragüense La Prensa fue galardonado con el Premio Mundial Unesco/Guillermo Cano a la Libertad de Prensa, nominación que hizo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el reconocimiento fue considerado por el gerente general del diario, Juan Lorenzo Holmann como un gran honor para todo el país centroamericano.
“Brindando fortaleza a la llama de la libertad de prensa y expresión, mientras el ‘aliento perverso de la censura absoluta impuesta por la dictadura’ sopla con fuerza para intentar apagarla y acallar al diario que durante más de 99 años ha dado voz a quienes no la tienen”.
Holmann destaca que desde 1926, La Prensa ha demostrado una notable resiliencia, manteniéndose firme, resistiendo, denunciando, informando y compartiendo con el pueblo nicaragüense su anhelo de paz y libertad. Ha sido un baluarte del periodismo libre y es considerado "El Diario de los Nicaragüenses", arraigado en la conciencia popular.
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El periódico ha enfrentado una férrea censura, cierres, persecución, acoso fiscal, cárcel y destierro, así como otras violaciones a lo largo de 40 años bajo la "estirpe sangrienta" de los Somoza, 10 años de la primera dictadura sandinista en los 80, y 18 años de "represión totalitaria" impuesta por la segunda dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“A pesar de todo, la voluntad de libertad del diario no ha logrado ser doblegada”, dijo Holmann.
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Expulsados de por vida
Juan Lorenzo Holman fue uno de los 222 nicaragüenses expulsados de por vida de su patria en febrero de 2023, subidos a un avión tras ser acusados de traición a la patria. Este grupo estaba conformado por periodistas, políticos opositores al régimen de Daniel Ortega, académicos, escritores, entre otros, quienes "desde ese momento perdieron absolutamente todo lo que tenían en su país". Aunque les quitaron la nacionalidad "en el papel", Holman afirma seguir siendo nicaragüense. Explica que quitar la nacionalidad a una persona es un "crimen de lesa humanidad".
Holman, quien no es periodista pero cuyo rol en La Prensa lo puso en la mira del gobierno, califica al régimen de Daniel Ortega de "dictadura asesina" movida por la perversidad y el odio. Relata haber pasado más de 500 días encarcelado, acusado de lavado de dinero, tras un juicio lleno de irregularidades y sin debido proceso, antes de ser exiliado. Comparte que el exilio es "bien duro", a veces se pregunta qué es peor, "si vivir en el exilio o en la cárcel".
Aunque está libre, no siente una libertad plena. El exilio implica enfrentar dificultades económicas, legales y, especialmente, emocionales. Con dolor, mencionó la imposibilidad de despedirse de familiares que mueren en Nicaragua, y el hecho de saber que probablemente nunca volverá a abrazar a su madre de 97 años. Critica la indiferencia de la comunidad internacional y la falta de acciones concretas que permiten la impunidad de líderes como Ortega.
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Contexto: El 9 de febrero de 2023 se llevó a cabo la deportación de los 222 presos políticos nicaragüenses a Estados Unidos, una operación que fue denominada “Nica Welcome”. Estos individuos, considerados opositores al régimen, fueron enviados en un vuelo chárter. Los jueces en Managua justificaron la acción como una medida para "proteger la paz y la seguridad nacional", declarándolos "traidores" a la patria.
La Asamblea Nacional de Nicaragua modificó la Constitución para privarles de su ciudadanía nicaragüense y les fueron expropiados todos sus bienes. Esta "deportación – purga al estilo de Joseph Stalin" es la más grande de la historia de América Latina. La decisión es considerada ilegal, infringiendo el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho a una nacionalidad. Poco después de la salida de este primer grupo, el régimen de Ortega despojó de su ciudadanía a otros 94 nicaragüenses, confiscando también sus bienes. La comunidad internacional ha condenado estas acciones como una violación de los derechos humanos.
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La operación “Nica Welcome” fue gestionada por diplomáticos estadounidenses, como el entonces embajador Kevin Sullivan. La misión, financiada por USAID, despegó de Norfolk, Virginia, la noche del 8 de febrero de 2023, con el objetivo de aterrizar en Managua, recoger a los presos y transportarlos a Estados Unidos en cuestión de horas. La operación requirió verificar la identidad con pasaportes entregados por el gobierno nicaragüense y confirmar que cada prisionero iba a Estados Unidos voluntariamente, a pesar de la difícil elección entre prisión indefinida o un futuro desconocido. Los pasajeros no fueron informados inicialmente de su destino, y algunos temieron dirigirse a Cuba, Venezuela, o incluso ser ejecutados. Al llegar a Dulles, los recién liberados fueron recibidos con celebraciones, aunque no eran elegibles para financiación de refugiados, recibiendo en cambio asistencia humanitaria y permiso de trabajo por dos años.
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