El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado una nueva derrota a la política de deportaciones masivas de la administración de Donald Trump.
El máximo tribunal ha mantenido y extendido un bloqueo que impide al gobierno utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798, para deportar a un grupo específico de inmigrantes venezolanos que se encontraban detenidos en Texas.
La administración Trump había intentado invocar esta ley, diseñada para momentos de guerra, para acelerar los procesos de deportación. Argumentaban que los deportados eran miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua y la MS-13 y que Estados Unidos sufría una "invasión".
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La Ley de Enemigos Extranjeros fue concebida para ser usada en el contexto de guerras declaradas, e históricamente solo se ha invocado en la Guerra de 1812, la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial.
Actualmente no existe una guerra en curso entre Estados Unidos y Venezuela, y el Tren de Aragua tampoco es una "nación extranjera", por lo que las cuatro juezas progresistas del Tribunal criticado la implementación de la ley por parte del Gobierno.
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La clave del fallo: notificación insuficiente
El punto central de la reciente resolución del Tribunal Supremo no fue pronunciarse sobre si la ley de 1798 es aplicable en este caso. En cambio, la decisión se basó en que el gobierno no había informado adecuadamente a los afectados sobre sus planes de deportación.
Los jueces reprocharon a la administración haber dado una notificación con apenas 24 horas de antelación a la expulsión, sin información sobre cómo ejercer los derechos procesales para impugnarla. Esto, según la resolución, "sin duda no es suficiente".
La Corte indicó que los detenidos tienen derecho a recibir "más notificación que la que se les dio el 18 de abril".
Efectos de la decisión y remisión a instancia inferior
Aunque la decisión se refiere a un grupo concreto de venezolanos, supone un precedente importante en cuanto al tiempo de preaviso requerido. La Corte remitió el caso a un tribunal inferior, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, para una "revisión adicional".
El Supremo estipuló que el bloqueo a las deportaciones permanecerá vigente mientras el tribunal inferior examina las alegaciones de los migrantes y evalúa "qué tipo de aviso debe dar el gobierno a los migrantes para permitirles impugnar sus deportaciones".
Los inmigrantes venezolanos no pueden ser deportados bajo esta ley hasta que sus casos se resuelvan completamente, incluida la oportunidad de apelar decisiones futuras ante el propio Supremo.
En la práctica, la decisión cierra de modo indefinido la vía de la ley de 1798 para estas deportaciones, aunque la administración es libre de realizar deportaciones bajo otras leyes de inmigración.
La decisión también garantiza que los migrantes deben tener más tiempo para defender su caso y contar con más recursos para afrontar sus casos.
El voto del alto tribunal
La votación en el Supremo fue de siete jueces a favor de mantener el bloqueo y dos en contra. Los jueces que votaron en contra fueron Clarence Thomas y Samuel Alito, ambos de ideología conservadora, consideraron, entre otras cuestiones, que el Supremo no tenía jurisdicción sobre el caso.
Los otros siete magistrados, incluyendo cuatro conservadores y tres progresistas, apoyaron la decisión. El juez Brett Kavanaugh, en un voto particular concurrente, afirmó que la orden judicial "simplemente garantiza que el poder judicial pueda decidir si estos detenidos venezolanos pueden ser expulsados legalmente" antes de que la expulsión se lleve a cabo.
En decisiones previas de abril, el Supremo ya había paralizado estas deportaciones, exigiendo que se notificara a los detenidos con suficiente antelación ("en un plazo razonable y de manera adecuada") para que pudieran impugnar su expulsión.
La reacción de Trump
Ante la decisión, Trump mostró su "enfado" a través de un mensaje en su red social Truth Social. En él, afirmó que el Supremo ha dictaminado que "los peores asesinos, traficantes de drogas, miembros de bandas e incluso aquellos que padecen enfermedades mentales, que entraron ilegalmente en nuestro país, no pueden ser expulsados sin pasar por un proceso legal largo, prolongado y costoso".
Argumentó que esta decisión "permitirá que más CRIMINALES entren a EU, causando un gran daño a nuestro querido pueblo estadounidense" y que "también animará a otros delincuentes a entrar ilegalmente en nuestro país, sembrando el caos y el desorden".
Acusación de manipulación y desafío a las garantías
Trump acusó directamente al Tribunal Supremo de estar siendo manipulado por la "izquierda de perdedores" o "perdedores de la izquierda radical", a quienes, según él, "el público los odia" y cuya única esperanza es la "intimidación de la misma corte".
"El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no me permite hacer lo que fui elegido para hacer", escribió Trump, sugiriendo que debería poder saltarse los derechos y garantías constitucionales para llevar a cabo sus deportaciones. Agradeció a los jueces Alito y Thomas por "intentar proteger nuestro país", calificando el día como "malo y peligroso para Estados Unidos".
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Un revés procesal con amplias implicaciones
La decisión del Supremo, aunque no se pronuncia sobre el fondo del uso de la ley de 1798, garantiza que los migrantes deben tener más tiempo y recursos para defender su caso.
Representa una victoria para los venezolanos que buscan asilo y un revés para los intentos de la administración Trump de restringir la inmigración.
La situación legal para los migrantes venezolanos es ahora que no pueden ser deportados bajo esta ley hasta que sus casos se resuelvan completamente, con la oportunidad de apelar decisiones futuras.
La batalla legal en torno a la aplicación de esta ley se ha convertido en una cuestión sobre el derecho a tener garantías judiciales durante el proceso, en un contexto donde un asesor del presidente incluso se planteaba suspender el derecho al habeas corpus.