Donald Trump argumentó este jueves que la ciudadanía por nacimiento fue creada para proteger a los "bebés de los esclavos" y no para personas que "se toman vacaciones" en Estados Unidos.
En un mensaje publicado en Truth Social, criticó que la ciudadanía por derecho de nacimiento no estaba destinada a que personas de vacaciones se convirtieran en ciudadanos permanentes de Estados Unidos y trajeran a sus familias. Afirmó que esta práctica lleva a que "se rieran constantemente de lo ingenuos que somos".
Trump aseveró que Estados Unidos es el único país del mundo que hace esto, y nadie sabe por qué, añadiendo que a los cárteles de la droga "les encanta". Calificó a Estados Unidos, en su afán por ser políticamente correcto, como un "país estúpido".
Te podría interesar
Según Trump, la ciudadanía por nacimiento "se trata de los hijos de esclavos". Presentó como "prueba concluyente" que la Guerra Civil terminó en 1865 y el proyecto de ley para la ciudadanía llegó al Congreso menos de un año después, en 1866, aprobándose poco después.
Insistió en que esto "no tenía nada que ver con la inmigración ilegal de personas que quieren estafar a nuestro país, de todas partes del mundo". Y agregó que en aquel entonces, "no tuvimos una afluencia masiva de personas a nuestro país desde toda Sudamérica y el resto del mundo" y que la migración "ni siquiera se trató en el tema". Lo que tenían, según él, eran "los bebés de esclavos".
Te podría interesar
El debate en la Corte Suprema
Las declaraciones de Trump coincidieron con la deliberación de la Corte Suprema sobre un desafío a la ciudadanía por nacimiento. La Corte Suprema, con mayoría republicana, analizó este jueves un caso que llegó después de que varios jueces federales bloquearan una orden ejecutiva de Trump que pretende poner fin a este derecho.
Esta orden, firmada en su primer día de regreso a la Casa Blanca, busca frenar el otorgamiento de la ciudadanía estadounidense a los menores nacidos en el país de madres en situación irregular o con visados temporales, cuyos padres no son ciudadanos ni residentes legales.
Sin embargo, el debate en la Corte Suprema se centró en gran medida en cuestiones procesales, específicamente en la autoridad de los jueces de tribunales inferiores para emitir "mandatos judiciales de alcance nacional" o "universales" que bloquean las políticas presidenciales no solo para las partes litigantes, sino para todo el país.
La administración Trump solicitó a la Corte que limitara el alcance de estas órdenes a quienes presentaron las demandas. Este enfoque, según los documentos presentados por el Departamento de Justicia, considera que tales órdenes han alcanzado "proporciones epidémicas" y "dañan irreparablemente nuestro sistema de poderes separados".
El procurador general D. John Sauer, que representó a la administración de Trump, argumentó que este uso se ha disparado desde 2007 y que "durante los primeros 170 años de jurisprudencia estadounidense, las órdenes judiciales a nivel nacional eran prácticamente desconocidas".
TAMBIÉN LEE: “Viaje a cualquier país, gratis, mientras no sea EU”: el plan de Trump para expulsar migrantes
División en la Corte
Durante la audiencia, los jueces se mostraron divididos. Aunque algunos conservadores parecieron escépticos sobre la legalidad o la frecuencia del uso de mandatos nacionales, varios de ellos, como Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, también lucharon con las implicaciones prácticas de permitir que la política de Trump entre en vigor, especialmente si la política subyacente parece inconstitucional.
Barrett, en particular, presionó al abogado de la administración de Trump sobre por qué el gobierno estaba evitando argumentar sobre el fondo del asunto y si los argumentos legales eran "novedosos" y "sensibles". Las juezas progresistas, por su parte, criticaron duramente las consecuencias prácticas de limitar las órdenes judiciales a nivel nacional.
La jueza Ketanji Brown Jackson cuestionó si esto significaría que cada individuo afectado tendría que presentar su propia demanda, creando un "régimen de ‘atrápame si puedes’" donde "todo el mundo tiene que tener un abogado y presentar una demanda para que el gobierno deje de violar los derechos de las personas".
La jueza Elena Kagan sugirió que si el decreto es claramente ilegal, limitar los bloqueos permitiría a la administración seguir aplicando la norma a aquellos sin recursos para litigar. La jueza Sonia Sotomayor afirmó que la orden de Trump viola cuatro precedentes de la Corte Suprema.
Algunos jueces conservadores, incluido Brett Kavanaugh, sugirieron alternativas como las demandas colectivas. Sin embargo, las juezas progresistas y Barrett mostraron escepticismo sobre si esto proporcionaría un alivio adecuado y uniforme.
Precedentes sobre la ciudadanía por nacimiento en la Corte
La Corte Suprema ha ratificado en varias ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento, notablemente en el caso US v. Wong Kim Ark en 1898, dictaminando que las personas nacidas en Estados Unidos, incluso hijos de inmigrantes chinos, tienen derecho a la ciudadanía estadounidense.
Esta interpretación tradicional de la 14ª Enmienda (ratificada en 1868) establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos".
La Enmienda fue una respuesta a la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott (1857), que sostuvo que los afroamericanos no eran ciudadanos. La 14ª Enmienda, junto con la 13ª que abolió la esclavitud, garantizó la ciudadanía a los nacidos en el país.
La interpretación de "sujeto a su jurisdicción" ha sido tradicionalmente vista como la inclusión de casi todos los nacidos en suelo estadounidense, con excepciones muy limitadas (como hijos de diplomáticos).
Se espera que la Corte dicte su sentencia, probablemente, a finales de junio o principios de julio. La decisión podría afectar no solo la política de ciudadanía por nacimiento de Trump, sino también la capacidad de los tribunales inferiores para bloquear otras políticas presidenciales a nivel nacional.
Protestas fuera de la Corte
Mientras la Corte debatía, activistas y líderes se congregaron frente al Tribunal Supremo para defender la ciudadanía por nacimiento. Políticos como el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, la congresista Delia Ramírez y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi participaron. Los manifestantes portaban pancartas y coreaban consignas en español e inglés denunciando el ataque a la Constitución.
Los manifestantes expresaron su miedo y su determinación a luchar por un derecho que, según la interpretación actual, les ha otorgado la ciudadanía a ellos y a sus familias. Argumentaron que el plan de Trump podría crear un "caos completo" y una confusión sobre la nacionalidad, especialmente para los niños nacidos en el país.
Se señaló que si el bloqueo a la orden ejecutiva solo fuera efectivo en ciertos estados, la ciudadanía podría depender del estado donde naciera el niño, un escenario que el procurador de Nueva Jersey Jeremy Feigenbaum describió como la nacionalidad "apagándose y encendiéndose" al cruzar fronteras estatales.
Espaillat advirtió que el plan de Trump podría desatar una "guerra civil constitucional" donde algunos estados negarían la ciudadanía y otros la otorgarían. Peter Fontneau, un manifestante de 78 años, afirmó que el gobierno intenta "tergiversar mucho las palabras" para permitir que el presidente, en lugar del Congreso o el poder judicial, decida quién es ciudadano, lo cual, según él, "no es democracia".
¿A cuántos bebés les negarían la ciudadanía estadounidense?
Contexto: El plan de Trump afectaría a miles de familias inmigrantes. Según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, entre 2013 y 2024, un promedio de 860,000 bebés nacieron cada año de madres nacidas en el extranjero. En 2023, el 86% de los niños menores de 18 años en familias inmigrantes nacieron en EU.
Se estima que la medida de Trump negaría la ciudadanía a más de 150,000 recién nacidos al año.
Los estados que impugnaron la orden de Trump, liderados por Nueva Jersey y Massachusetts, argumentaron que tenían "legitimación activa" para demandar no en nombre de sus ciudadanos, sino por sus propios intereses financieros. Señalaron que reciben un importante reembolso federal para programas de salud y educación basado en el número de niños con estatus migratorio legal, y que podrían perder dinero si la orden de Trump entra en vigor.
El procurador general de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, expuso ante la Corte que su estado tendría que determinar la ciudadanía de miles de bebés nacidos en otros lugares para saber si son elegibles para ciertos beneficios, lo que justifica una orden a nivel nacional.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
La administración Trump ha enfrentado numerosas demandas que buscan contrarrestar sus esfuerzos, y ha utilizado agresivamente decretos ejecutivos. Ha criticado con frecuencia a los jueces que fallan en su contra, calificándolos de "jueces de izquierda radical" que, según él, quieren "asumir los poderes de la presidencia".
La pugna legal sobre las órdenes judiciales nacionales es un reflejo de esta tensión y podría tener un impacto duradero en la relación entre el ejecutivo y el poder judicial.
(Con información de agencias y cadenas de noticias estadounidenses: Europa Press, AP, AFP, CNN)