Una jueza federal en Pensilvania ha dado su apoyo al Gobierno del presidente Donald Trump respecto al uso de una ley generalmente empleada solo en tiempos de guerra para expulsar a migrantes. Esta ley, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, fue promulgada en 1798.
La decisión de la jueza Stephanie Haines, del distrito oeste de Pensilvania, es la primera que se alinea con la Administración republicana en el uso de esta ley. La jueza concluyó que el Ejecutivo puede continuar con la expulsión de migrantes. Sin embargo, esta acción está condicionada a que se les alerte con suficiente antelación, especificando un plazo de 21 días, y se les ofrezca un "debido proceso".
La justificación del Gobierno para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros fue considerada válida por la jueza Haines. La Administración sostiene que el Departamento de Estado reconoce al Tren de Aragua como una organización criminal que representa una amenaza para la "seguridad pública" del país.
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El Gobierno de Trump ha acusado a los migrantes de formar parte del Tren de Aragua, originaria de cárceles en Venezuela, y Washington la ha calificado de "terrorista".
Trump envía migrantes a cárcel de El Salvador
El uso de esta ley por parte del Gobierno ha llevado al envío de más de 200 migrantes a una megacárcel en El Salvador. A mediados de marzo, más de 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron trasladados a esta prisión salvadoreña conocida como CECOT. El CECOT es notorio por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
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A pesar de las acusaciones gubernamentales, varios informes han indicado que la mayoría de los migrantes expulsados, según Bloomberg hasta un 90%, no tienen antecedentes penales.
Estados Unidos llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a los migrantes detenidos al CECOT. Como parte de este trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
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Decisión final en manos del Tribunal Supremo
La decisión de la jueza Haines contrasta con fallos de otros jueces en diferentes partes del país, incluyendo Texas y Nueva York, quienes se han pronunciado en contra del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del Gobierno.
Actualmente, las autoridades no han programado más vuelos hacia El Salvador. Esto se debe a que el Tribunal Supremo de EU prohibió al Gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras se resuelven varias demandas presentadas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia.
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La organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya ha pedido al Supremo que intervenga y decida sobre la constitucionalidad de la acción del Gobierno.