Una de las 145 órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump apunta a una reforma significativa en la ley de derechos civiles de Estados Unidos. La orden, firmada el 23 de abril bajo el título "Restoring Equality of Opportunity and Meritocracy" (Restaurando la igualdad de oportunidades y la meritocracia), busca, en esencia, rehacer la ley de derechos civiles, de acuerdo con un arículo de la revista The Economist.
El objetivo principal de la orden de Trump es debilitar el concepto legal de "disparate impact" (impacto dispar). Este concepto sostiene que las políticas pueden violar los derechos civiles incluso si no tienen una intención discriminatoria, siempre que produzcan resultados dispares basados en la raza, identidad y el género.
La orden ejecutiva también congeló fondos para programas sociales, incluyendo préstamos estudiantiles, lo que podría afectar a comunidades vulnerables. Además, se reportó que diversas agencias gubernamentales eliminaron o modificaron materiales relacionados con la diversidad en sus sitios web y manuales internos.
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La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) rescindió la orden de congelar las ayudas federales emitida por el presidente Donald Trump, una medida que generó confusión y preocupación en millones de beneficiarios de programas sociales.
Según informó la cadena de noticias NBC News, la orden inicial habría afectado a programas esenciales como Medicare, Medicaid y los cupones de alimentos, entre cientos de otros servicios federales que proporcionan asistencia a familias de bajos ingresos, personas mayores y comunidades vulnerables.
¿Qué es la teoría del impacto dispar?
La teoría del impacto dispar se ha ido consolidando progresivamente en la jurisprudencia estadounidense tras la aprobación de legislaciones clave como la Ley de Derechos Civiles de 1964. Su respaldo más significativo provino de una decisión unánime de la Corte Suprema en el caso Griggs v Duke Power Co. en 1971. En este caso, la Corte determinó que una planta de energía había infringido la ley al exigir exámenes de coeficiente intelectual a los solicitantes de empleo sin título universitario, exámenes que eran aprobados por los candidatos blancos a una tasa casi diez veces mayor que la de los candidatos negros. Los jueces de la Corte Suprema de entonces consideraron que esto era directamente atribuible a la raza, especialmente debido a la deficiente educación recibida en las escuelas segregadas.
La idea de que la discriminación podía ocurrir sin una intención explícita y deliberada fue vista como algo revolucionario.
La teoría del impacto dispar (disparate impact) es un principio legal en Estados Unidos que permite impugnar prácticas que, aunque no sean intencionalmente discriminatorias, tienen efectos desproporcionadamente negativos sobre grupos protegidos por la ley, como minorías raciales o mujeres. Bajo esta doctrina, los demandantes deben demostrar que una política o práctica específica causa una disparidad significativa que afecta negativamente a un grupo protegido. Si se establece esta disparidad, el demandado debe justificar que la práctica responde a una necesidad empresarial legítima. Este enfoque ha sido aplicado en diversas áreas, incluyendo empleo, vivienda y educación.
Es importante destacar que la teoría del impacto dispar se centra en los efectos de las políticas, no en las intenciones detrás de ellas. Por lo tanto, permite abordar formas de discriminación que no son evidentes pero que resultan en desigualdades sistémicas
¿Qué quiere Trump?
El presidente Trump busca eliminar este tipo de razonamiento "en todos los contextos en la máxima medida posible". The Economist advierte que si bien algunos críticos de izquierda han interpretado esta acción como una intención segregacionista, los opositores al concepto de impacto dispar no cuestionan las prohibiciones contra la discriminación abierta y directa por motivos de raza.
La principal crítica, según Alison Somin de la Pacific Legal Foundation, es que "virtualmente cualquier práctica que se pueda nombrar tiene un impacto dispar en algún grupo u otro, lo que significa que las agencias pueden perseguir casi cualquier cosa que quieran".
En cuanto al impacto en diversas industrias, The Economist detalla que el concepto de "disparate impact" ha restringido las políticas federales en varios ámbitos en el pasado, dando a las agencias la capacidad de intervenir en "casi cualquier cosa que quieran" debido a los resultados dispares.