Un juez federal dio inicio este miércoles al proceso para declarar al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con completo menosprecio una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
"La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla", escribió.
Te podría interesar
Permitir al gobierno anular los fallos de las cortes, agregó Boasberg, "convertiría en una burla solemne a la propia Constitución".
Trump contra migrantes
El pasado 14 de marzo, el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
PUEDES LEER: Así es la Ley de Enemigos Extranjeros que Trump utiliza vs migrantes
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La organización Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a Estados Unidos y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una desaparición forzada.
La administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
Estados Unidos llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EU hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Estados Unidos pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
Contexto: gobierno de Trump rechaza regresar a salvadoreño deportado por "error"
El gobierno de Estados Unidos pidió el sábado 5 de abril a un tribunal de apelaciones que suspenda la orden de una juez federal de traer de vuelta al país a un migrante que fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador a pesar de que contaba con una orden que lo protegía de ser deportado.
Los fiscales de la administración de Donald Trump argumentaron que ningún tribunal tiene potestad para ordenar el regreso al país de Kilmer Ábrego García, un salvadoreño residente en Maryland y casado con una estadounidense.
El gobierno de Trump insiste en que García es un miembro de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), por lo que "no tiene ningún derecho o base legal" para residir en Estados Unidos.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Además, argumentó que Estados Unidos no tiene control sobre el sistema judicial de El Salvador, país con el que llegó a un acuerdo para enviar a supuestos miembros de MS-14 y del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido por el Gobierno de Nayib Bukele.
Por ello, pidió una suspensión del fallo mientras se resuelve su apelación ante el tribunal federal de Maryland que dictó la orden.