La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durantes tres días mantuvo reuniones en Lima, Perú donde alertó del clima adverso que se vive para ejercer el periodismo y la afectación al derecho de información, de cara a las elecciones generales que se realizarán en abril de 2026.
En esta ocasión asistieron el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica (El Salvador), junto con el expresidente de la SIP Roberto Rock, director de La Silla Rota; el vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director de La Voz del Interior (Argentina), y el director ejecutivo de la organización, Carlos Lauría.
Dentro de las mesas participaron la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte rechazó las reiteradas invitaciones.
Te podría interesar
Entre las mayores amenazas para el ejercicio periodístico se encuentra el incremento de amenazas y presión por parte de grupos dedicados a actividades criminales (narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, entre otros); la poca transparencia de la información pública del Estado; la pérdida de pluralismo en medios estatales; ataques y campañas de desprestigio en redes sociales de medios independientes; y, la ley anti ONG que limita libertades de asociación, pensamiento y participación política.
Te podría interesar
Perú aprueba Ley anti ONG: atenta contra derechos humanos y democracia
La Ley anti ONG aprobada por Congreso de Perú este miércoles “busca silenciar a la sociedad civil y debilitar la democracia”, denunció este jueves la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de Perú, y afirman que la medida “respalda un Gobierno cuestionado y deslegitimado” al ejercer un control indebido sobre la sociedad civil y atentar contra los derechos humanos y la democracia.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
La reforma que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), fue aprobada con 82 votos favor, 16 en contra y 4 abstenciones por el Pleno del Congreso peruano. Y tiene la finalidad de fortalecer el trabajo de la APCI y contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades.
La modificación a dicha ley establece que la “APCI tiene responsabilidad de ejecutar, organizar, programar y supervisar la Cooperación Internacional No Reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado”, informó el Congreso de Perú.
También será la encargada de efectuar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), relacionada con la captación de recursos desde el extranjero para las organizaciones sin fines de lucro en el país (ONG)
“Las entidades (ONG) señaladas en el párrafo precedente tienen la obligación de inscribir en un registro que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los planes, proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación técnica internacional”, se indica en la reforma.
Argumentos para la aprobación de la Ley anti ONG
Según declararon los legisladores peruanos, la aprobación de la Ley anti ONG se dio tras escuchar y analizar las opiniones técnicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Ministerio Público, de la APCI y de la Contraloría General de la República.
Además afirmaron que hasta ahora, ha habido vacíos legales que permite a muchas organizaciones sin fines de lucro no ser transparentes sobre los recursos de los que hace uso. Y que varias ONG, de supuesta defensa de los derechos humanos, se han dedicado defender a delincuentes terroristas y persiguen a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
También acusaron a los directivos de las ONG en el país de efectuar un modus operandi para aprovecharse de la cooperación internacional y llevarse “los bolsillos a costa de los más pobres del Perú”.
Hasta ahora, las ONG “no rinden cuentas, no pagan impuestos y muchas veces ponen la agenda política en el país”, pero eso ya se acabó, afirmaron los legisladores.
Manifestaciones en contra de la Ley anti ONG
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú se pronunció en contra de la Ley anti ONG, la cual, acusa, atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos y la democracia, con el propósito de “acallar las voces críticas que fiscalizan el actuar del Estado y defienden a los sectores más vulnerables”.
Y recalcó que las ONG si rinden cuentas ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
“Con esta norma, Las ONG que trabajan en equidad de género, educación, salud, protección de la Amazonía, lucha contra la corrupción, entre otras, serán perseguidas. Se limita además la posibilidad de promover el voto informado y denunciar candidatos vinculados a economías ilegales. En otras palabras, se pretende silenciar a la sociedad civil y debilitar el control ciudadano”, denuncian.